Dudas en contratos de las obras para mitigar el invierno en el Valle

Los reclamos para que se investigue el manejo de los recursos otorgados bajo el decreto de emergencia invernal, toman fuerza debido a que las obras contratadas no evitaron las inundaciones en abril.

Los reclamos para que se investigue el manejo de los recursos otorgados bajo el decreto de emergencia invernal, toman fuerza debido a que las obras contratadas no evitaron las inundaciones en abril. Fueron los Municipios y Departamentos, así como las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, los que contrataron las obras bajo la figura de la Calamidad Pública, o sea, sin licitación.Para tener una idea de la magnitud de la inversión en obras de infraestructura, vale la pena mencionar que sólo en el Valle alcanzó la suma de $35.200 millones que fueron aportados por la CVC ($28.000 millones), la Gobernación ($5.700 millones) y el Dagma ($1.500 millones).Las fundaciones de la CVC El primer alto funcionario en pedir que se investigue cómo se han manejado esos recursos fue el vicepresidente Angelino Garzón, quien solicitó “a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría que investiguen a las CAR para saber si emprendieron acciones significativas que mitigaran los efectos de la ola invernal”.El País investigó la contratación de la CVC, por ser la entidad que hizo el mayor aporte para obras de infraestructura que aminoren los efectos del invierno en la región. Su Consejo Directivo aprobó $28.000 millones de los cuales, según información de la misma Corporación, se han utilizado $26.926 millones en 35 contratos o convenios de obra e interventoría.De ese total sólo 26 son para acometer obras como descolmatar (limpieza de sedimentos) los ríos que tuvieron crecientes o mitigar los efectos de las inundaciones en los municipios afectados, y valen $23.890 millones.“Contratar en medio de la emergencia no es fácil. Buscamos entre los proveedores con más experiencia pero sobre todo, que tuvieran la disposición inmediata de la maquinaria”, explicó Pedro Nel Montoya, uno de los ingenieros de la CVC que desde el área técnica supervisó las obras.Por eso llama la atención que quince de los contratos de obra, que suman un poco más de $11.600 millones, se firmaran con fundaciones sin ánimo de lucro cuya experiencia e idoneidad son cuestionadas.Entre esas fundaciones aparece Manos Amigas por Colombia, cuyo representante legal es Carlos Olarte Martínez, que fue contratada para descolmatar y mejorar la capacidad de los ríos Frayle y Palmira, pero que fue sancionada en el 2008 por la Contraloría de Cali.El ente de control descubrió que esa fundación incumplió un contrato con la Secretaría de Gobierno de Cali en el cual se comprometía a dar una capacitación en primeros auxilios a 200 personas. La organización cobró el total del contrato y certificó haber capacitado a los 200 caleños, sin embargo, al confrontar la Contraloría las actas de asistencia, pudo comprobar que sólo asistieron 130.Por esta razón fue acusada bajo el cargo de detrimento patrimonial por un monto de $8.275.260, la sanción se encuentra publicada en portal de la Contraloría.El País intentó comunicarse con algún vocero de la fundación pero no obtuvo respuesta y en la CVC dijeron desconocer el tema. De los dos ríos que intervino Manos Amigas, el Palmira no ha presentado hasta ahora nuevas inundaciones, pero el Frayle se volvió a desbordar.Con fundaciones también contrató la CVC todas las interventorías de las mismas obras, un estudio de los daños generales, así como un video y fotos aéreas del desastre ambiental en el Valle por $3.035 millones.Prioridad por la hormiga arrieraOtro contrato que ha generado polémica y es revisado por la Contraloría del Valle, es el que firmó por $320 millones la Secretaría de Agricultura del Valle con la empresa Productos Biológicos Perkins Ltda, cuyo representante legal es el ingeniero Jades Jiménez Velásquez.El objeto del contrato era realizar el control integral (físico, biológico y químico) de hormigueros en 155.000 metros cuadrados en el distrito de riego de los municipios Roldanillo, La Unión y Toro.Investigadores de la Contraloría indagan por qué los recursos para el contrato salieron de la estampilla para la seguridad alimentaria; también buscan la razón para haberlo ejecutado bajo la emergencia invernal, cuando en su criterio es una acción de prevención; qué justificación tiene el giro del 100% de los recursos al contratista apenas se firmó el acta de inicio el 20 de diciembre de 2010, aunque el contrato finalizó el 15 de enero del año siguiente; la razón para que el contratista interviniera finalmente 170.000 metros cuadrados, pero el valor del contrato se mantuviera igual y el por qué se divulgó en marzo de 2011, con tres meses de retraso, en la página web de la contratación pública.Por otro lado la comunidad de la zona señala que el contrato no se pudo realizar en su totalidad porque gran parte de los terrenos estaban inundados.El País habló con María Eugenia Saavedra, secretaria de Agricultura del Valle, quien defendió la gestión y explicó que “nosotros contratamos con una firma experta que hace investigación con la Universidad Nacional y ha trabajado con las alcaldías de Palmira y Sevilla, así como con el Dagma en Cali. Como el distrito de riego es básicamente una infraestructura que permite el desarrollo de proyectos productivos frutícolas, tiene relación con la seguridad alimentaria en la región. Es claro que tuvimos que darle una extensión de quince días al contratista para que se alcanzara a secar el área de trabajo y aún así cambiamos algunas rutas por eso se atendió una mayor extensión de terreno pero no aumentó el valor porque se equilibró con el tipo de control, pues los precios varían si se hace físico, biológico o químico”.