Defensoría del Pueblo lanza alerta por violencia de disidencias: extorsiones y retenes golpean a Jamundí

Hay zozobra en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, por las acciones de las disidencias de las Farc. Hace contados días varios ciclistas fueron interceptados en un retén ilegal de la guerrilla, y en inmediaciones de esa localidad, esta semana, el Ejército desmontó pancartas de las disidencias.

Ante la presencia de miembros del Frente Jaime Martínez de este grupo armado ilegal, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2024.

“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias para proteger a los ciudadanos del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El accionar indiscriminado de los disidentes pone en riesgo principalmente a habitantes de los resguardos indígenas Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa y a familias campesinas de Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez, así como a habitantes de los corregimientos Timba y Potrerito.

La Defensoría del Pueblo también advirtió sobre el aumento en las violaciones a los derechos humanos por retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, hurto, extorsión y posible reclutamiento forzado.

Al parecer, el grupo armado ilegal estaría buscando el control de la población a través de la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias. En esos retenes, exigen a los habitantes del municipio el carné de las juntas de acción comunal (JAC) que los acredita como vecinos de la región.

“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días. En caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, señaló el Defensor del Pueblo.

La extorsión es el delito que más se comete en la cabecera municipal y, en caso de que los ciudadanos ignoren las amenazas, los miembros de este grupo armado acuden a represalias, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales.

Sumado a esto, la entidad ha identificado casos de homicidios y atentados con artefactos explosivos “que pueden violar los principios de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario (DIH), por los efectos indiscriminados y desmedidos que pueden generar en la población civil”.

“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí, y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social. Es importante trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra Alerta Temprana”, destacó el líder de la Defensoría del Pueblo.