¿Cuál será el futuro del Tren de Cercanías? Las opciones para no dejar morir el proyecto

Tras la no firma del convenio de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el pasado 8 de noviembre, el futuro del Tren de Cercanías del Valle del Cauca quedó en suspenso.

Mientras la Nación se abstuvo de comprometer el 70 % del financiamiento, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y Jamundí firmaron un convenio regional para garantizar las vigencias futuras por el 30 % restante, equivalente a 3,5 billones de pesos.

El proyecto, estructurado con apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), tiene un costo total estimado de 12 billones de pesos y es considerado una de las apuestas más ambiciosas de movilidad sostenible del suroccidente colombiano. Los recursos serían destinados a obras, material rodante, interventorías y costos financieros.

Qué pasó y qué sigue

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que el presidente Gustavo Petro le “incumplió al Valle del Cauca” y recordó que la región había honrado todos los compromisos previos: “Tenemos el 30 % de la cofinanciación del proyecto, todos los estudios técnicos y (...) esperábamos el 70 %, pero no se dio”.

Toro enfatizó que el proyecto no se suspende y anunció la búsqueda de aliados externos: “Vamos a trabajar con el Banco Mundial, estamos esperando que se puedan tener inversionistas extranjeros o colombianos con los cuales se pueda realizar el tren. Ya hay bastantes propuestas, lógicamente será un proceso muy claro, transparente, con organismos multilaterales para que haya más tranquilidad para los vallecaucanos”.

El alcalde Alejandro Eder complementó esa postura al anunciar una gira internacional: “Vamos a buscar aliados en la banca multilateral y en países amigos como Reino Unido, Corea y Alemania para sacar adelante el proyecto sin participación del Gobierno Nacional, al menos mientras hay cambio de presidente”.

Eder también anunció que enviará cartas a todos los candidatos presidenciales “pidiéndoles que se comprometan con un documento firmado en notaría aquí en Cali con que van a apoyar el Tren de Cercanías del Valle del Cauca. Los vallecaucanos no podemos permitir más que el centralismo ahogue nuestros sueños de desarrollo”.

Las opciones sobre la mesa

La hoja de ruta regional se concentra en tres alternativas principales: la primera es esperar el fin de la Ley de Garantías, que restringe la firma de convenios interadministrativos hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio en caso de que haya segunda vuelta presidencial; la segunda, avanzar en la estructuración de una alianza público-privada (APP) o un esquema de concesión que permita atraer inversión privada; y la tercera, buscar financiación internacional con el respaldo de organismos multilaterales.

Sobre la viabilidad de una APP, Eder explicó que se estudian “distintas opciones con empresas extranjeras y colombianas que trabajan en proyectos público-privados para sacar adelante obras de esta envergadura”, aunque no precisó si reemplazarían completamente el dinero que le corresponde poner a la Nación o si sería un modelo mixto.

Los estudios no se pierden

La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, afirmó que “este tren ya se prendió con ese acuerdo de cofinanciación regional”.

Sobre los pasos a seguir, señaló que “estamos revisando las alternativas para ver si logramos no perder tiempo y seguir avanzando; si no, pues esperaremos a que pase la Ley de Garantías o llegue el nuevo gobierno para poder avanzar en él. Todas las soluciones están abiertas y sobre la mesa. Tenemos que evaluarlas, pero lo importante es resaltar que vamos a avanzar”.

Además, precisó que los estudios técnicos no se pierden: “Parte de la información que hemos adquirido de los técnicos y la FDN es que la gran mayoría de los estudios siguen vigentes; solo habría que actualizar algunas cosas como el estudio de demanda”.

Así está planeado el tren

El Tren de Cercanías del Valle del Cauca fue concebido en dos grandes líneas que suman una extensión total de 73,4 kilómetros, además de un ramal que conectaría con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La primera línea, que irá desde Yumbo hasta Jamundí, tiene 37,8 kilómetros y prioriza en esta etapa inicial el tramo Cali–Jamundí.

La segunda línea, de 30,6 kilómetros, conectará el centro de Cali con Palmira e incluirá una derivación de cinco kilómetros hacia el aeropuerto.

En su primera fase, el trayecto Cali–Jamundí contempla 23,1 kilómetros de longitud, 21 estaciones, dos viaductos, diez puentes y 54 intersecciones, de las cuales tres serían a desnivel.

El tramo incluye 2,38 kilómetros en Jamundí, con tres estaciones, abarcando áreas urbanas y zonas de expansión, así como sectores rurales como Peón, San Isidro y Potrerito. Su área de influencia cubre además varias comunas de Cali, incluyendo la 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 22, así como el sector rural de La Viga y La María.

El sistema operará con 40 trenes eléctricos tipo tren-tram, un modelo híbrido que combina las funciones de tranvía urbano y tren regional, con capacidad para mil pasajeros y frecuencias de seis a siete minutos en hora pico.

Qué caminos quedan

Aunque el convenio nacional no se firmó, los entes territoriales lograron blindar sus aportes mediante vigencias futuras, asegurando que el proyecto no muera en los papeles.

“Con eso no dejamos morir el tren”, dijo la gobernadora Toro, porque “las vigencias continúan y (...) eso es el comienzo para que inversionistas puedan venir a financiarlo”.

Eder, por su parte, adelantó que se buscará que Yumbo y Palmira se sumen al proyecto para dejar los estudios de factibilidad de los otros tramos listos en los próximos dos años. “Necesitamos tener todo preparado para que el próximo presidente se monte al tren y no deje que este sueño se muera”, dijo.

“Si el Gobierno Nacional no se quiso montar en el tren, nosotros lo vamos a sacar adelante”, concluyó Toro.

Lo que dicen los concejales

Desde el Concejo de Cali, las posturas coinciden en la decepción por la no firma del convenio, pero difieren en el análisis político y las salidas.

El liberal Fabio Alonso Arroyave dijo que “nosotros le cumplimos al Valle y a Cali. El Concejo cumplió, el Alcalde cumplió, la Gobernadora cumplió. El Gobierno Nacional queda mal con el Valle”. Añadió que se debe elegir “un gobierno amigo” para destrabar el proyecto.

El conservador Marlon Cubillos pidió al Gobierno “entender que el Valle del Cauca no es un partido político” y valoró que se busquen “otras formas de cofinanciación con la empresa privada”.

La concejal de Cambio Radical, Alexandra Hernández, calificó la situación como “lamentable”, y señaló que el Gobierno debería asumir los aportes “una vez pase esta Ley de Garantías”.

Para Daniella Plaza, de Colombia Renaciente, lo ocurrido es “absolutamente desconcertante y desilusionante”, aunque destacó que el proyecto “no puede ser politizado” y respaldó la opción de una APP si se garantiza la “transparencia con la que se van a utilizar los recursos”.

“Es fundamental desmentir lo que se dice en la calle: que este recurso iba a destinarse a campañas políticas. Eso no es real, no es cierto”, agregó Plaza. “El recurso que se iba a desembolsar por parte del Gobierno Nacional sería en el 2028”.

Por su parte, el concejal verde Rodrigo Salazar fue más crítico: “Hubo un mal manejo de la gestión y del relacionamiento por parte del Gobierno departamental y Distrital” con el Gobierno Nacional. Pese a que reconoció que el proyecto del tren es viable, sostuvo que es necesario “madurarlo más en términos de quiénes serán los actores que van a administrarlo”.

Finalmente, Roberto Ortiz consideró la decisión “una traición del Gobierno al Valle del Cauca” y dudó de la viabilidad financiera: “Era el 70 % de los recursos; sin eso, prácticamente quedamos muertos. Sin esos recursos no se puede hacer”.