JEP ordena arresto de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, por dos días. La decisión se tomó porque la mandataria departamental no asistió a una audiencia de seguimiento a medidas cautelares para proteger 36 cementerios en los que habría víctimas de desaparición.

La medida tiene que ver con la audiencia programada por la JEP para el seguimiento a medidas cautelares restaurativas adoptadas en el Magdalena Medio caldense, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Risaralda y Quindío, para los días 28 y 29 de noviembre de este año en Armenia.

Según la decisión de la JEP, la orden de “arresto inconmutable” de la Gobernadora de Valle obedece a la “falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, a las medidas de protección para las víctimas de desaparición forzada”.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP también ordenó el arresto de William Hernández Arias, subsecretario de Convivencia y Seguridad de Valle del Cauca, por cinco días. El funcionario fue delegado por la Gobernadora para asistir a la audiencia, pero tampoco cumplió esta cita.

La JEP señaló que el arresto de la Gobernadora y el Secretario deberá ser cumplido en las instalaciones del Departamento de Policía del Valle del Cauca.

“Si bien la Gobernadora del Valle actuó legalmente al delegar el cumplimiento de una orden judicial, falló en su deber de control de dicha delegación mostrando así la falta de cuidado necesario que se exige en el cumplimiento de sus deberes”, detalló la JEP.

Y agregó: “Para la Sección, esta ausencia de cuidado necesario ante el incumplimiento de una orden de un alto tribunal del país, pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”.

La Gobernadora estaba convocada a la audiencia que se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre en Armenia sobre el desarrollo de planes integrales de atención a las víctimas de desaparición forzada y la inclusión de medidas de apoyo y cooperación con Medicina Legal para avanzar con mayor celeridad en la identificación y entrega digna de los cuerpos de víctimas del conflicto exhumadas.

En el auto de 25 páginas, la JEP advirtió que aunque William Hernández asistió a la diligencia el 28 de noviembre, no cumplió la cita al día siguiente, “fecha en la que correspondía la intervención de las gobernaciones, ni la mandataria, ni su delegado comparecieron”.

”En la lista de asistencia a la audiencia del 28 de noviembre se registró el señor Hernández Arias, así como a varios funcionarios de la gobernación del Valle. Sin embargo, el 29 de noviembre, fecha en la que correspondía la intervención de las gobernaciones, ni la mandataria, ni su delegado comparecieron. En audiencia se hizo su llamado público, se otorgó un plazo de espera de 2 horas para justificar su inasistencia o garantizar la llegada del delegado sin obtener respuesta alguna”, precisó la JEP.

La ausencia provocó que la JEP abriera un “incidente de medidas correccionales” contra la Gobernadora y su funcionario, que posteriormente hizo llegar a la JEP un relato médico que advertía de un problema de espalda.

Hernández Arias en su carta también excusó a la gobernadora Clara Luz Roldán al advertir que estaba en una “mesa cerrada de seguridad” por un “incidente de un campo minado” detectado en ese departamento y en el que resultó herido un militar.

Adelantándose a lo vendría y a manera también de excusa, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Walter Camilo Murcia, el primero que debía asistir al llamado pero que luego fue excusado, envió una carta con tres supuestas acciones emprendida por la Gobernación para atender a las víctimas de desaparición forzada.

”Hemos avanzado en diferentes acciones en pro de la defensa de las víctimas de desaparición del Valle del Cauca, ajustados a las herramientas con las que contamos actualmente, así como conscientes que el compromiso es y seguirá siendo velar por los derechos de las víctimas de desaparición, que tenemos un largo camino por recorrer y que cuenta con el compromiso de este ente territorial para avanzar en la justicia transicional”, dijo un aparte de la justificación citada por la JEP.

El Tribunal de Paz aseguró que notificó el pasado 4 de diciembre a la Roldán y a Hernández Arias sobre el incidente, con el propósito de escuchar sus descargos, pero “hasta la fecha la Gobernadora, inexplicablemente, no ha ejercido su derecho de defensa en este incidente correccional. Tampoco se ha excusado con las víctimas de desaparición forzada, la sociedad vallecaucana, ni la Jurisdicción por lo sucedido”.