Asamblea aprobó en primer debate proyecto para refinanciar deuda del Valle

Los diputados pidieron fortalecer de manera efectiva la Secretaría Jurídica para que asuma la verdadera defensa judicial del Departamento del Valle.

La comisión de Asuntos Económicos y Fiscales de la Asamblea Departamental aprobó este martes en primer debate el proyecto de Ordenanza No. 016 “Por medio de la cual se conceden facultades al Gobernador del Valle para promover, negociar y celebrar un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento en los términos de la Ley 550 de 1999”. Sobre la ponencia elaborada por los diputados Luis Orlando Mina, Luis Alfonso Chávez y Hugo Armando Bohórquez, el secretario de Hacienda, Javier Roldán Barbosa destacó que la misma “recoge el espíritu de la situación y la realidad en que estamos, y nos traza una ruta para trabajar”. La iniciativa será analizada este miércoles nuevamente para revisar vez su impacto en el Plan de Desarrollo 2012-2015.Los diputados pidieron a la administración de Ubeimar Delgado consolidar la información idónea de los pasivos, la deuda pública, las acciones judiciales en contra del Departamento y demás información necesaria para el trámite del proyecto.De igual manera, propusieron realizar y adoptar las acciones y gestiones necesarias para que el Valle del Cauca sea viable administrativa y jurídicamente, y de manera consistente.Y finalmente, pidieron a la Secretaría de Hacienda presentar cada tres meses a la Asamblea un informe del cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.Pese a que el Acuerdo define acreencias por $ 560.273 millones, tanto los diputados como el Gobierno coincidieron en la necesidad de concretar las cifras. “Aquí no solo hay que precisar las cifras sino los alcances de las facultades”, anotó el diputado Andrés Mauricio Chicango Castillo. Al respecto, el Secretario Javier Roldán, respondió que esa es la médula del análisis, ya que “las cifras que se presentan son aproximadas a la realidad más no definitivas, precisamente estas se tienen que construir en un proceso que nos mostrará donde está el desgreño informativo”.La situación jurídica actual muestra: pretensiones por $ 762.401 millones vía demandas en especial por ajustes pensionales, procesos arbitrales que pretenden $ 14.893 millones, mientras hay recursos embargados sin aplicar por $7.131 millones.Roldán Barbosa indicó que mientras se examinen las cuentas y pasivos del departamento, pasarán al menos entre cuatro y cinco meses para conocer las cifras reales.