Alcalde de Buenaventura podría ir 30 días a la cárcel por desacato de tutela

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Buenaventura dictó orden de arresto contra Eliécer Arboleda Torres, al incurrir en desacato a una tutela interpuesta por la demolición de un local comercial que funcionaba en la zona donde se construye el malecón.

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Buenaventura dictó orden de arresto contra el alcalde Eliécer Arboleda Torres y el secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos, por incurrir en desacato de una acción de tutela interpuesta por un comerciante de la ciudad por violación al debido proceso con conexidad al derecho fundamental al trabajo. 

La tutela desacatada fue interpuesta por Jacqueline Jiménez Alvis, representante legal de Taz inversiones del Pacífico, donde se manifiesta que no se cumplió con los requisitos legales para la demolición del kiosko que funcionaba en el parque Néstor Urbano Tenorio donde se construye el malecón Bahía de la Cruz.

“En este momento la orden fue apelada porque no se pueden parar las obras del Malecón Bahía de la Cruz, donde se invierten 27 millones de pesos para responder a un interés particular. El Alcalde procedió al desalojo porque ya estaba siendo investigado por la Procuraduria por el no desalojo de los vendedores y regalías iba a suspender los giros porque no había sido entregado el espacio para que se adelantarán las obras”, precisó Édinson Bioscar Ruiz, asesor despacho alcalde.

Por su parte, Rubén Jiménez, propietario del establecimiento comercial, afirmó que lo que pretenden no es que se suspendan las obras sino que les garanticen la reubicación dentro de los cuarenta locales que serán construidos en este proyecto.

“No se nos notificó el desalojo. El 23 de septiembre recibimos un acta donde se socializaba el procedimiento, pero este recurso no es legal; debe hacerse por medio de un acto administrativo expedido por el Alcalde, por eso enviamos una acción de tutela. El día 26 del mismo mes recibimos a través de la resolución 2763 la orden de desalojo y el proceso se ejecuto a las seis de la mañana del día siguiente lo que no nos permitió acceder a mecanismos de defensa”, precisó Rubén Jiménez.

Según  Édinson Bioscar Ruiz, el comerciante participó de los procesos de socialización y conocía del procedimiento que se realizaría porque no se había logrado un acuerdo para su reubicación. 

El primer mandatario de la ciudad y el Secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos, tendrían que pagar treinta días de prisión si el recurso de apelación sale a favor del comerciante.

De igual manera, el comerciante demandó a los funcionarios por constreñimiento ilegal, prevaricato por acción, extralimitación de funciones y daños a bien ajeno. En el transcurso de la semana entrará en tramite un nuevo recurso por reparación directa.

"Nos quieren echar encima a la comunidad porque la administración dice que estamos en contra del desarrollo de la ciudad cuando lo que pretendemos es que se nos garantice la reubicación cuando este listo el proyecto", dijo Jiménez. 

En el transcurso del año el alcalde de Buenaventura ha recibido cinco ordenes de arresto por desacato a tutelas, la gran mayoría de procesos adelantados en administraciones anteriores pero han sido suspendidas porque la administración ha cumplido con los informes necesarios.