"Sueldo de $1.800.000 para un desmovilizado es falso": coordinadora regional de ACR

Vencer la estigmatización. Ese es, según la coordinadora regional de la Agencia Colombiana para la  Reintegración (ACR), María Isabel Barón, uno de los  retos que vendrá de darse la firma del acuerdo final con las Farc y por consiguiente la desmovilización de sus miembros. Lea también: Desmovilizados de las Farc tras firma de la paz serían cerca de 17 mil

“No va a ser tan fácil. Hay muchos colombianos que todavía no están preparados para convivir con ellos, para que sus hijos estudien con los hijos de los desmovilizados. Entonces creo que muchos van a buscar las ciudades grandes como esta para pasar más desapercibidos. Además, porque en los municipios pequeños seguramente se va a generar más resistencia”, expresa.

De cómo sería ese tránsito, de los  desmovilizados que llegarán a Cali y del proceso que se surtirá con ellos, antes de incorporarse a una empresa o a la sociedad, la funcionaria  habló con El País:

De acuerdo con los estimativos del Gobierno, serán 17.000 los desmovilizados de las Farc, con la firma final del acuerdo. ¿Estamos preparados para atender esa desmovilización masiva?

Ese un estimativo que ha dado el proceso de paz. Ellos hablan de siete mil hombres en armas y diez mil en las estructuras de apoyo (milicias). Ahí es donde las ciudades tienen un reto grande, en términos de prevenir el reclutamiento.

Por eso es tan importante que se firme el proceso de paz, porque la gente cree que el tema del conflicto solo está en el campo y estamos viendo que en la ciudad hay estructuras muy fuertes de estas agrupaciones.

¿Pero sí están en capacidad de atender tal cantidad?

Nosotros hemos atendido 49.000 en todo el país. ¿Por qué no vamos a poder atender 17.000? Tenemos presencia en todo el territorio, tenemos 34 oficinas. Obviamente hay que hacer ajustes, teniendo en cuenta lo que se ha acordado en términos de reincorporación y eso es lo que estamos esperando. Pero hemos puesto al servicio del proceso de paz la experiencia que tenemos en estos 13 años.

Se ha dicho que de esos 17.000, a Cali y el Valle llegarían cinco mil desmovilizados... 

Han dicho tres mil, cinco mil... todo es especulación, pero sí creemos que un buen número vendrá al Valle, porque este es el departamento de las oportunidades del Suroccidente.

Lo que nos ha dicho la experiencia es que muchos buscan una ciudad como Cali, donde hay empresas, nivel educativo, acceso a la salud. Y es lógico porque muchos se fueron a la guerrilla porque la escuela les quedaba a cuatro horas de la casa, por ejemplo. Sin duda, sí será un número importante.

Algunos desmovilizados cuentan cómo les es de difícil iniciar una vida en la ciudad, cuando han pasado tanto tiempo en el monte…

Muchos dicen, ‘quisiera quedarme en el campo pero no hay garantías’. Entonces ven en la ciudad una manera de mejorar su condición, pero hay un ambiente hostil. El reto primero con ellos es definir el perfil ocupacional. Muchos vienen y quieren montar un proyecto productivo en un galpón de pollos y viven en un casa pequeña, eso no es viable. Toca redireccionarles el perfil. Ese es nuestro trabajo.

Cuando una persona inicia el proceso, se le asigna un profesional reintegrador y concertan un plan de trabajo que responde en 8 dimensiones: familiar, educativo, productivo, habitabilidad, vinculación a salud, ciudadanía y seguridad.

El proceso puede demorar hasta seis años. Es muy ambicioso pensar que una persona que ha estado 15 o 20 años en un grupo armado cambie todo su esquema de vivir en la guerra en un año. Este proceso de transformación de vida es a largo plazo, porque hay que garantizar que estas personas no vuelvan a tomar un arma para ganarse la vida.

¿Qué porcentaje de deserción tiene el proceso de reintegración?

Fundación Ideas para la Paz tiene un estudio que refleja que el 76% permanece en la legalidad, mientras el 24% reincide. Y ese 24%  corresponde a personas que han desertado. De las 59.000 personas que se han desmovilizado en el país 49.000 ingresaron al proceso. No todos los desmovilizados necesariamente llegan al proceso. 

Pero es importante decir también que ese 76% permanece en la legalidad, lo que es una cifra inversamente proporcional al sistema penitenciario, donde el 80% reincide una vez sale a la cárcel. Y en términos económicos, un preso en Colombia le puede costar hasta 18 millones de pesos. 

¿Qué hay de cierto en que a un desmovilizado se le va a pagar $1.800.000 al mes, cifra que mortifica a muchos quienes trabajan y han estado en la legalidad y ni siquiera reciben un mínimo? 

No hay ninguna fuente fidedigna que diga que son $1.800.000. Eso es falso y hace parte de los argumentos de los detractores del proceso. Cuando empezó la reincorporación con los ex AUC, ellos recibieron un millón de pesos. Se les pagaba solo por ser desmovilizados. ¿Qué experiencia nos dejó? Que eso no los formaba. Algunos reincidieron porque no tenían competencias para hacer nada. Los incentivos no pueden ser tan altos porque eso es asistencialismo. 

Entonces, ¿exactamente cuánto va a recibir un desmovilizado?

A una persona en el proceso se le dan $160.000 por ir a estudiar, son un apoyo a la reintegración para que paguen su transporte.

Si asiste a las actividades con su profesional reintegrador y a su capacitación de proceso al trabajo recibe $480000 al mes. Es decir $160.000 por cada componente. Pero en la mayoría de casos termina siendo de $320000 porque generalmente son personas que trabajan, pocas están estudiando.  A quienes avanzan en la ruta los ayudamos a conseguir empleo. Hoy aproximadamente contamos con el respaldo de 650 empresas.

De esas 650 empresas, ¿Cuántas en el Valle? ¿Ese apoyo es solo en recursos,  o les dan empleo?

Hay muchos que nos ayudan de manera silenciosa. Hay otros como el grupo Éxito con los que  al principio solo había patrocinio, actualmente garantizan la práctica laboral de los jóvenes y a los mejores los vinculan.

Coltabaco y Sodexo nos han ayudado mucho, al igual que el Centro de Producción del Cuero, que agrupa el gremio del calzado (Romulo Marín, por ejemplo). Cocacola Femsa nos da capacitación en emprendimiento para que monten sus negocios. La Sociedad de Agricultores y Ganadores del Valle nos está apoyando desde el año pasado. El doctor Francisco Lourido cuando fue gobernador inició ese camino.

En 2015 capacitamos 28 personas en una finca, durante tres meses. Este año estamos planteando otros tres entornos.

No todos los desmovilizados  van a poder emplearse en grandes empresas.  ¿Cómo convencer a una persona, o  a un microempresario de darles empleo? 

Nos pasó con un profesional de la ACR. En uno de esos espacios  de reflexión se dio cuenta de que una señora que cuidaba a su abuela era desmovilizada. La  familia la adoraba, llevaba 10 años. Nunca hizo nada malo, cuando contó que era desmovilizada los sorprendió. Pero aunque les costó asimilarlo, luego se volvió un caso modelo y la experiencia se cuenta en varios espacios para sensibilizar a la gente.

En el proceso conocí a una muchacha muy buena en bisutería y mi mamá tiene un taller y le dije que la empleara, a lo que ella no tuvo problema, pero mi papá dijo que tenía temor. A mí me parecía increíble que él pensara así,  sabiendo que yo trabajaba en esto.

 Tenemos que darles la oportunidad y entender que no es de un día para otro, que salen del monte y se van a una empresa. Antes surten todo un proceso con nosotros. 

¿Cómo van esas 1.083 personas que están atendiendo en el Valle?

Muy bien. En el Valle se han desmovilizado 2556 personas. Hoy tenemos 1.083 en la ruta de reintegración y  casi 400 reintegrados, con trabajo estable. 

Quedan algunos ex AUC, a los que les falta terminar su servicio social, pero la  mayoría actual son de guerrilla.

El 75% son hombres y el 25%, mujeres, porque ese es el contexto de la guerra. Tenemos, incluso, recién desmovilizados pese a que estamos adportas de firmarse el acuerdo con las Farc. Eso quiere decir que están cansados de la guerra.

Otro dato de interés es que de las 49.000 personas desmovilizados, el 46% fueron reclutados siendo menores de edad. Por eso estamos trabajando con programas como ‘Mambrú no va a la guerra’, para prevenir ese reclutamiento. Hacemos un llamado a los padres para que estén pendientes de sus niños, porque muchos vienen de hogares disfuncionales, donde los han maltratado, el padre los abandonó o la mamá los regaló.

¿Qué decirle a  quien vive en una ciudad como esta, golpeada por la criminalidad  y a la que le asusta que con la firma del acuerdo lleguen tantos desmovilizados?

Primero, que pensemos que la firma del proceso es más ganancia que pérdida. El Estado se ha volcado solo a pensar cómo mitiga el conflicto interno y creo que en la medida en que firmemos ese acuerdo las administraciones  van a poder atender lo que realmente genera violencia que es la criminalidad: narcotráfico, delincuencia... 

Segundo, que creamos en que es preferible una paz imperfecta que una guerra perfecta. El caleño-caleño no ha vivido el conflicto armado, como sí lo ha vivido el campesino o la clase obrera que ha tenido que venirse de su pueblo a una ciudad. Tenemos que ponernos la mano en el corazón, darles una oportunidad. Escucharlos. 

Yo que voy a ser mamá, quisiera que mi hija viviera en un país distinto y en eso tenemos que pensar: cuál es el país que queremos dejarles a nuestros hijos.

“Nuestra idea es poder mostrar historias de gente que se fue a la guerra no solo porque quería matar si no porque de niños era lo único que había o porque lo reclutaron forzadamente. Historias de gente que pudo salir adelante”, dice 
María Isabel Barón, coordinadora regional de la ACR.