Expectativa por decisión de Duque frente a la Ley estatutaria de la JEP

Mientras el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, continúa en el despacho Presidencial esperando a ser sancionado por Iván Duque, permanece viva la polémica por los posibles reparos que le haría el Mandatario a lo que constituye la columna vertebral de la justicia transicional en Colombia.

Duque admitió que está mirando en detalle cada artículo de la ley que reglamentaría la JEP, lo que ha puesto en alerta a algunos sectores que creen que se le están poniendo palos a la rueda de la Paz ¿Qué podría objetar el Jefe de Estado?

De acuerdo con el marco legal, el Presidente puede objetar un proyecto de ley por dos razones: por inconstitucionalidad y por inconveniencia.
Para la abogada Liliana Castillo y el profesor de Derecho Carlos Rúa, el primer caso no es procedente dado que por tratarse de una ley estatutaria todos los aspectos constitucionales ya fueron avalados por la Corte Constitucional y ya se dirimieron todas las objeciones. Sin embargo, para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, el hecho de que la Corte ya la haya revisado, no significa que no pueda darse la objeción por inconstitucionalidad.

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Según el especialista, el Mandatario sí puede objetar por esta razón en caso de que encuentre aspectos que no fueron estudiados por la Corte, y también “es objetable porque nadie ha revisado cómo hicieron los ajustes que la Corte le ordenó al Congreso”.

El caso de la objeción por inconveniencia, explica Liliana Castillo, se da cuando “a consideración del Ejecutivo es inconveniente por razones de índole económica o estructural”, ante lo cual, agrega, “justamente, lo más conveniente es que la JEP cuente con una reglamentación que hoy no tiene y le impide actuar con legitimidad y mayor celeridad”.

Las razones que podría esgrimir el Presidente y los puntos que podría contemplar, hasta ahora se desconocen. Lo que sí se conoció el pasado lunes fue la carta que envió el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Presidente de la República con inquietudes sobre cuatro aspectos que, en su opinión, se deberían modificar porque considera o fomentan la impunidad (ver recuadro). Este documento hoy será estudiado por la Corte Constitucional.

La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, los cuatro puntos que pide objetar Martínez fueron temas en los que el Alto Tribunal ya se pronunció.

“Son temas en los que el Fiscal intervino y la Corte no le dio la razón, de ahí que el Fiscal queda como un mal perdedor, que en vez de acatar la sentencia de la Corte Constitucional, quiere reabrir sus debates a través de las objeciones”.

Y agregó que Martínez, como ciudadano, puede estar en desacuerdo con las decisiones de esa corporación, pero como funcionario le corresponde acatarlas. En esto coincide Liliana Castillo y agrega que “en realidad, parece un nuevo juego de fuerzas entre un sector político que intenta embates a la JEP con apariencia de jurídicos, cuando en realidad son políticos”.

Al pronunciamiento del Fiscal se le sumó también el del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: “bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla”.

Su postura fue rechazada por el también expresidente César Gaviria, quien por el contrario defendió la JEP y retó a Uribe a que presente otra ley si le molesta esta que está por ser sancionada.

El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señalaron que el Gobierno se tomará el plazo legal (20 días hábiles) para estudiar la sentencia de la Corte Constitucional.

Ceballos dijo que “el Presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de éstas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria”.

Juan Manuel Charry dice que el Gobierno tiene la competencia constitucional de presentar objeciones “y la jurisprudencia lo ha entendido como una colaboración de poderes”.

En opinión del constitucionalista, son válidas las reflexiones que ha hecho el Fiscal, y considera que vale la pena que el Presidente las estudie.

Mientras que para Carlos Rúa, es muy grave que no haya Ley Estatutaria de la JEP porque las miles de personas que se han postulado a ese tribunal quedarían en un limbo jurídico.

Por tratarse de una ley estatutaria, la normatividad vigente indica que debe ser revisada por la Corte Constitucional antes de ser sancionada por el Presidente, proceso que terminó en agosto pasado.

Luego de algunos ajustes, el alto tribunal la envió al Congreso de la República, que después lo remitió a la Presidencia para que fuera sancionado por el Jefe de Estado.

1. Los delitos de ejecución permanente, según el Fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.

2. La norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no a que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico y continuar con beneficios.

3. La norma también impide que la Fiscalía continúe adelantando investigaciones relacionadas con el conflicto armado, mientras la JEP asuma los casos.

4. De acuerdo con Martínez, el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgue amnistía a los autores de crímenes de lesa humanidad.