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¿Es "frágil" el Acuerdo de Paz con las Farc?, responde el consejero Emilio Archila

Septiembre 26, 2021 - 07:30 a. m. 2021-09-26 Por:
Laura C. Peralta Giraldo, reportera de El País
Emilio Archila

Emilio Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Colprensa

En menos de un año, la responsabilidad de implementar el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el Estado colombiano y las Farc pasará a manos de otro Gobierno.

Pero en los últimos 37 meses Emilio José Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, ha estado al frente, desde la Administración del presidente Iván Duque, del cumplimiento de lo pactado en La Habana con la extinta guerrilla a lo largo y ancho del territorio nacional.

El funcionario, en entrevista con El País, hizo un balance de la implementación del Acuerdo a partir de la Política de Paz con Legalidad, respondió las críticas que se le hacen a su gestión desde varios sectores y mencionó cuál será su última misión antes de entregar la posta en el 2022.

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Esta semana el presidente Duque fue criticado porque catalogó como frágil el Acuerdo de Paz ante Asamblea de la ONU. ¿Qué piensa al respecto?

El Presidente señaló lo que siempre ha indicado, que el Acuerdo une cantidad de grandes aspectos que Colombia debió haber abocado hace décadas con o sin acuerdos.
Fue en esta Administración, con las directrices del presidente Iván Duque, que se le ha dado forma a esa implementación, y darle forma a esa implementación indicó, primero, hacer una manifestación política inequívoca de que se va a cumplir y a avanzar aprovechando esta oportunidad.
Segundo, hacer unas planeaciones de largo plazo, porque estamos corrigiendo temas que no se pueden resolver en una sola Administración. Deben implementarse por parte de esta, la siguiente y una más, así está contemplado en los Acuerdos.
Y finalmente, en cada uno de los frentes de la Política de Paz con Legalidad vamos a entregar materializaciones que van a hacer que, a diciembre del 2021, este proceso sea irreversible. Eso lo hemos hecho para dar garantías jurídicas y garantías políticas tanto a las víctimas como a los excombatientes.

¿A qué tipo de materializaciones se refiere?

Hemos dicho en apoyo a las nueve millones de víctimas que hay en el país. Lo hemos hecho para acompañar a un poco más de trece mil excombatientes que están en el proceso de reincorporación. Lo hemos hecho para cien mil familias, 400 mil colombianos, que, gracias a este Gobierno, han salido del cultivo de la coca. Lo hemos hecho para transformar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, la tercera parte del territorio del país, 20 % de la población de los colombianos. Lo hemos hecho también en cada uno de los componentes del desarrollo rural integral, en infraestructura, en inversión social, en competitividad y productividad y, obviamente, en medio ambiente. Y también lo hemos logrado con los enfoques de género y los enfoques étnicos.

“Las víctimas están en el eje de las acciones del Gobierno. Como lo ha dicho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia es un mejor país”.
Emilio Archila
Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Hay quienes dicen que, aunque ha habido avances, no se ha progresado en la implementación referida a temas estructurales del Acuerdo como la restitución de tierra y la seguridad en las regiones...

Los temas estructurales los hemos abocado todos. Es estructural que hayamos logrado la tranquilidad de los excombatientes en el proceso. Los excombatientes son un poco más de 13.000 y ese es más o menos el mismo número que en grupos violentos existían antes de que se iniciara el proceso. Por eso, Colombia hoy en día es un mucho mejor país, tenemos menos homicidios, menos secuestros, menos ataques terroristas, menos minas antipersonales y mucho menos reclutamiento de menores. Es estructural que estemos transformando los 170 municipios Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son una tercera parte de la geografía del país, son el 20 % de la población colombiana. Y ahí no solamente hemos hecho una planeación, sino que tenemos invertidos en este momento casi diez billones de pesos, una inversión nunca vista.
Es una transformación estructural que hayamos tenido el avance más importante que ha habido en la historia en el catastro multipropósito. Es estructural que de los planes nacionales sectoriales, con los que se va a ordenar todo el campo del país, de esos que deberían ser 16, ya hemos terminado 14. Es estructural que de un Banco de Tierras que está pensado para tres millones de hectáreas, en este momento ya hayamos incluido más de 1200, y que de siete millones que deberían formalizarse, ya hayamos formalizado un millón.

En un solo día, el pasado 20 de septiembre, fueron asesinados cinco líderes sociales en el país. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para protegerlos?

Cuando se firmó el Acuerdo con las Farc, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los Puntilleros ya existían, los Caparros también, a eso se sumó las mal llamadas disidencias. Entonces, el país siempre supo que al mismo tiempo que íbamos avanzando, como estamos avanzando en la implementación, debíamos resolver esas otras formas de violencia, cosa que se está haciendo, pero lo que no tiene ningún sentido es que se piense que algo que prexistía y era anterior al Acuerdo se deba a una ausencia de implementación de este. Por eso, pensar que la implementación del Acuerdo era en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera, era solo un titular.

Debe ser muy frustrante implementar el Acuerdo de Paz en territorios donde la presencia de grupos narcotraficantes sigue estropeando ese proceso...

Es cierto. Los grupos de narcotraficantes dificultan el proceso y por eso en las zonas donde no hay coca, donde no hay minería ilegal, donde no hay contrabando, el avance es más sencillo. Pero eso no nos amedrenta, el jueves pasado estuve en Cúcuta, trabajando para el Catatumbo. Y el miércoles hubo un ataque a una Estación de Policía en Tibú.
Estuvimos justo después del ataque al Batallón en Cúcuta. Y, le aseguro, a nosotros los hampones no nos van a asustar.

¿Qué ayudas le está brindando actualmente el Gobierno Nacional a los excombatientes de las Farc que se mantienen en la legalidad?

Todos los apoyos a excombatientes se iban a acabar en 2019. Fuimos nosotros los que dijimos este proceso se va a llevar más tiempo y necesitamos hacerlo juiciosamente. Prorrogamos el apoyo financiero por todo el tiempo que dure la reincorporación, diseñamos la hoja de ruta para tener claro cuáles son las garantías que les vamos a otorgar, hicimos un censo para saber exactamente cuál es la condición en la que está cada uno de ellos.
En estos mismos tres años hemos logrado que el 98 % de ellos estén bancarizados, que más del 85 % de ellos estén en el programa de pensiones, que más del 85 % estén en el sistema de salud, cosa que nos ha ayudado mucho para afrontar la pandemia. En solo tres años hemos logrado que la mitad o más de esas 13.000 familias tengan un ingreso estable, bien sea porque tienen una empresa o porque tienen un empleo estable. Este sigue siendo el proceso más exitoso de la historia del mundo.

Cuéntenos sobre lo que se ha realizado hasta ahora en los municipios Pdet existentes en el Valle del Cauca...

Nosotros, en el Valle del Cauca, tenemos tres municipios que tienen planeación lista, que son los que corresponden a los que tienen Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivo y no son Pdet.
Estuve con ellos y con el representante de la Gobernación la semana pasada y nos referían el agradecimiento que tienen. No solamente han logrado tener acceso a mecanismos de financiación, como obras por impuestos, que antes no existían, sino que incorporaron esa planeación en sus Planes de Desarrollo Municipales.
Y ayer estuvimos con los Consejos del Departamento y la Gobernadora (Clara Luz Roldán) dijo que está tan entusiasmada por lo que estamos logrando, que va a incorporar la Política de Paz con Legalidad mediante una ordenanza.

¿Pero ya se están ejecutando obras en esos municipios?

Los tres municipios Pdet en el Valle del Cauca, Buenaventura, Florida y Pradera, tienen en este momento inversiones que implican unas quince veces lo que ellos hubieran podido hacer con su presupuesto de libre disposición.

¿Se siente satisfecho con la labor que ha podido desarrollar desde la Consejería para la Estabilización y la Consolidación?

Sí, me siento muy orgulloso de formar parte del Gobierno del presidente Duque. Le agradezco a él y le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de poner este granito de arena.

Le queda casi un año para entregarle el relevo al próximo Gobierno. ¿Cuál será su misión final?

Una sola. El país no tiene sino esta oportunidad de trabajar durante quince años seguidos en resolver estos temas. Esa oportunidad que está prevista en la manera cómo los Acuerdos se incorporaron en la Constitución Política de Colombia no se va a volver a presentar. Independientemente de que el siguiente Gobierno sea amigo, medio amigo o no amigo de nuestra forma de hacer la política, lo que no podría perdonarnos la siguiente generación es que no aprovecháramos esa oportunidad. Entonces mi misión de aquí a que haya cambio de Gobierno es que el siguiente Gobierno construya sobre lo construido.

En el Valle del Cauca

La Alta Consejería para la Estabilización indicó que Buenaventura formuló 215 iniciativas durante el proceso participativo Pdet y que 115 de ellas ya cuentan con una ruta de implementación activa, es decir que ya están asociadas a gestiones que promueven su implementación.
Florida, por su parte, formuló 163 iniciativas y 61 ya están en fase de implementación.

30 de las 138 iniciativas que planteó el Municipio de Pradera cuentan con ruta de implementación activa.

Convertir a San Cipriano, ubicado en la vía a Buenaventura, en uno de los principales atractivos de turismo científico y cultural en Colombia, es uno de los impulsos originados en las conversaciones Pdet.

1060 familias vallecaucanas están vinculadas al Proceso de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, que ha contado con una inversión de $16.290 millones Hasta ahora se han sustituido 356 hectáreas.

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