Contar una realidad no fragmentada, mayor reto de Comisión de la Verdad

Uno de los puntos clave del Acuerdo de Paz con las Farc es la intención de que se conozca por qué y cómo sucedieron muchos hechos enmarcados en el conflicto armado.

Esa es la tarea de la recién instalada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición, que “no es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas”.

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La alta consejera para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, pide que “la sociedad se apropie de esa instancia, porque es un mecanismo que nos va ayudar a no repetir los errores, a alejar toda la indiferencia y a redefinirnos como país entorno a la verdad de lo que nos pasó” y reclama “que los medios de comunicación divulguen realmente sus hallazgos”.

Sin embargo, reconoce que se pueden generar choques por las versiones que se conocerán luego de más de 50 años de conflicto armado: “La verdad, cuando se sepa, tiene que ser afrontada. Tenemos que trabajarla mucho desde las escuelas y los colegios, porque tenemos que empezar un proceso para asimilar y evitar que se repita lo que nos pasó”.

A su vez, ‘Marcos Calarcá’, líder de las Farc, dice que la Comisión “es donde nosotros aspiramos que haya la plena reparación de las víctimas, porque van a tener la verdad de lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó”.

Difícil reto

Para el analista político John Mario González, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tiene que velar porque no se dé una realidad fragmentada.

“Uno de los primeros retos es ir más allá de las generalizaciones. El informe de la Comisión de Violencia, que rindieron doce escritores o estudiosos de los temas de conflicto, deja un mal augurio de lo que puede ser el resultado” de la nueva Comisión, porque “es eclético, fragmentado, donde no hay una línea conductora clara, sino que es una sumatoria”.

Para él, la Comisión de la Verdad tiene que “identificar las causas de violencia. Pero me temo que eso va a hacer muy difícil en un conflicto tan largo”.

Lo cierto es que, a diferencia de esfuerzos anteriores, en el nuevo espacio se deberán escuchar todas las voces, incluso la de los victimarios, por lo que será determinante qué casos prioriza la Comisión y cómo los aborda, pero sobre todo cómo los contrasta.

Otro de los retos es que sea un estudio pormenorizado, es decir, que vaya “más allá de las generalizaciones que ya hemos tenido sobre el fenómeno de la violencia”, dice González.

Pero hay dos aspectos más en los que la Comisión debe tener especial ciudado, según los expertos, el manejo que le dará a las audiencias públicas que debe promover y cómo logrará legitimidad, de manera que su informe final no sea tildado de hacer énfasis en la versión de una de las partes.

Ambos aspectos pasan por el temor de que, aunque la verdad se constituye como base para la reconciliación, conocerla es como abrir una caja de Pandora sin saber si existe la madurez suficiente para tratar hechos incómodos y dolorosos.

Por ello, cómo se trabajará el encuentro entre víctimas y victimarios y cómo se manejarán las reacciones de quienes no estén conformes con las versiones dadas son temas sobre los que tendrán que decidir los comisionados.

“Me temo que, dado que este es un acuerdo entre las Farc y el gobierno Santos, en el que la derecha de oposición no participó, prácticamente esté predestinada la versión que se va a dar”, sostiene el analista y agrega que se “corre un alto riesgo de que se politice y la versión final sea muy propia de la visión romántica revolucionaria de la izquierda latinoamericanaoria que corría con mucha fuerza en los años 60, 70 y 80”, puntualiza González.

Santos, por la verdad y la no repetición

El decreto que creó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y no Repetición fue firmado el pasado 5 de abril por el presidente Juan Manuel Santos, en un acto que contó con la presencia de varias víctimas y líderes de las Farc.

En él se establece que la presentación del informe final de esta nueva instancia, convenida en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y esa guerrilla, se dará “de manera oficial mediante acto público
a las ramas del Poder Público y al conjunto de la sociedad colombiana, y lo socializará”, un mes después de haber terminado sus labores.
“Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo, incluyendo garantías de no repetición”, se cuenta entre las funciones de la Comisión.

Para ello deberán promover la participación de las víctimas y de diferentes sectores; crear espacios que la promueven tanto a nivel territorial, nacional como internacional; diseñar un informe y su estrategia de divulgación y pedagogía; y tener altos estándares de imparcialidad actuando dentro de un marco extrajudicial, quitándole la obligación a los comisionados que la conformen de declarar en juicios.

Así, los comisionados deberán entregar recomendaciones con miras a que Colombia no repita la historia de violencia de los últimos 50 años, por lo que se deberá nombrar un comité de seguimiento a la implementación de dichas recomendaciones.

Lo anterior busca que evitar casos como el sucedido con la Comisión de la Verdad que se creó en El Salvador tras la firma del Acuerdo de Paz, cuyas sugerencias solo fueron aplicadas parcialmente, lo que habría derivado en los problemas sociales que hoy afectan a ese país.

Por ahora, las expectativas son altas, puesto que lo que se quiere, como lo dijo el presidente Santos el día de la intalación de esa Comisión y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, es que realmente esta sea “¡La hora de la verdad!”.

Quiénes serán
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Los integrantes de la Comisión serán elegidos por el Comité de Escogencia que seleccionará los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, compuesto por representantes del Secretario General de la ONU, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Centro Internacional de Justicia Transicional, de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Una vez elegidos, los comisionados contarán con seis meses de preparación y definición de la metodología y tres años para la elaboración de su informe final.