Conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas en el país

De esa cifra, 6.200.000 son sujetos de reparación. La Ley de Víctimas cumple 5 años. Panorama.

[[nid:432535;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/06/reparacion_victimas.jpg;full;{1743 entrega de restos a familias que han sufrido desaparición u homicidio ha acompañado el equipo psicosocial se han realizado. Foto: Elpais.com.co | Archivo5000}]]

En Colombia hay  8.040.748  de víctimas  por cuenta del conflicto armado. Hace cinco años el país estaba lejos de conocer esa cifra, lo que ahora es posible por el Registro Único de Víctimas, uno de los elementos que creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Lea también: Gobierno prevé 9 millones de víctimas por conflicto armado al 2021

Ese proyecto, bandera del Gobierno de Juan Manuel Santos antes del proceso de paz, fue firmado como ley en 2011 y va en medio camino, pues está proyectada para el 2021. De ese universo de ocho millones de colombianos que han sufrido los estragos de la guerra, 6,2 millones son actualmente sujeto de atención y reparación, pues las otras son víctimas de desaparición forzada, homicidio o han fallecido.

El delito más recurrente es el desplazamiento, con 6.803.961 víctimas, seguido del homicidio, las amenazas, la pérdida de bienes e inmuebles, la desaparición forzada, actos terroristas/atentados/combates, secuestros, abandono de tierras, torturas y vinculación de menores a la guerra.

De acuerdo con el Gobierno, realmente no se sabe si Colombia es el país del mundo con más víctimas, “pero sí es el país que se ha dado a la tarea de tener el registro más exhaustivo y completo”. Dentro de ese registro, Antioquia es la región con más víctimas registradas, con 1.441.385.

El balance oficial reseña que se ha podido indemnizar a 592.430 víctimas del conflicto, por un valor de $3,6 billones siendo, una vez más, Antioquia el departamento con más casos resueltos: 190.000.  Asimismo, se indica un descenso del desplazamiento forzado entre 2010 y el 2014, del orden de 47 %.

Aunque en el ojo del huracán por tardanzas, procesos con segundos ocupantes y retrasos en las reclamaciones en el sur del país, en donde apenas va a empezar, la Restitución de tierras deja por ahora 1781 sentencias, que han permitido restituir 187.000 hectáreas a 22.193 personas.

En total, se han recibido 90.395 solicitudes, de las cuales se encuentran en trámite 47.358, que equivalen al 51 %. De estas últimas 33.382 han finalizado trámite administrativo (70 % del total de solicitudes habilitadas), con decisión de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

Todo el país ya está apto para iniciar el proceso y se habilitaron 562 microzonas el territorio. De hecho, por esta razón fue posible empezar la restitución en Caquetá, el ‘corazón’ de la influencia de las Farc, ad portas de la firma del fin del conflicto, en donde se tienen 1600 reclamaciones de tierras para estudiar.

De acuerdo con la subdirectora de la Unidad de Tierras, Alcelis Coneo, uno de los logros evidentes de esta ley es que nunca más un grupo ilegal será el que defina quién se queda con determinado pedazo de tierra, pues esa es la tarea de los jueces de la República.

Según el Registro Único de Víctimas, además, 13.598 personas han padecido delitos contra la libertad e integridad sexual por parte de grupos armados durante el conflicto. De este total 12.182 son mujeres (90 %) y 1067 hombres. Ahora bien, de estos, más de 1600 mujeres han pasado por la estrategia de reparación integral para este tipo de casos y más de 5500 mujeres sobrevivientes de violencia sexual han recibido indemnización administrativa.

La Unidad de Víctimas, además, reseñó que 144.626 víctimas de desplazamiento forzado han recibido su indemnización, después de que la Corte Constitucional ordenara a finales de 2013 que estas debían obtener una compensación económica (no prevista inicialmente en la Ley 1448).

Dificultades 

[[nid:545598;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/06/restitucion-tierras-valle.jpg;full;{En distintos municipios del Valle del Cauca se ha realizado la restitución de tierras a víctimas del conflicto, que fueron despojados de sus predios. Foto: Elpais.com.co | Archivo}]]

Son varios los reparos que se han generado en estos primeros cinco años de la Ley. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entidad que realizó un sondeo entre 1265 víctimas en 22 departamentos, hay dificultades para acceder a la reparación integral. Así lo expresa el 63 % de los encuestados.

Las dificultades consisten en falta de información sobre los procedimientos para ser beneficiario de la Ley y no tener un plan de asistencia y reparación. La entidad hizo un llamado a fortalecer el acceso y la difusión de información, pues el acompañamiento señala que las víctimas utilizan los dineros recibidos por las indemnizaciones para  sus necesidades básicas, sin que en la mayoría de los casos haya inversión en proyectos productivos para superar su condición de víctimas.

Igualmente, la Defensoría solicitó al Ministerio de Defensa y a la Unidad de Víctimas ampliar el plazo (que venció el viernes) para exonerar a cerca de 35.000 jóvenes entre 18 y 30 años afectados por el conflicto armado, del pago de la libreta militar, ya que hace apenas dos meses fueron habilitados los procedimientos de inscripción y aplicación para acceder a esta reparación simbólica.

Se suma el debate de si la Ley debe ser extendida, pues va hasta 2021. El nuevo director de la Unidad de Tierras, Alan Jara, aseguró que por ahora el trabajo debe centrarse en ese término, puesto que la firma del fin del conflicto podría cambiar los impactos del trabajo.

También existe la exigencia de la Corte Constitucional al Gobierno para que cree un Plan Estratégico de Restitución a diez años, que defina cómo se va a proceder para que las víctimas tengan un panorama concreto. La orden, de finales de 2015, aún no se ha cumplido.

El escenario se vuelve más complejo al tener en cuenta la polémica que generó el procurador, Alejandro Ordóñez, a fin de que se modifique la ley para que no se afecte a segundos ocupantes de tierras de buena fe.

Eso sí, la principal preocupación tiene que ver con la seguridad de los reclamantes, pues el primer trimestre del año dejó al menos 17 asesinados, hechos que generan alarma por la seguridad del proceso. La última amenaza conocida contra reclamantes de tierras es del pasado 7 de junio, en el Urabá, según denunció la organización Forjando Futuros.

La denuncia señala que campesinos de la vereda Guacamayas, municipio de Turbo, alertaron sobre la presencia de hombres armados, quienes hablaron a nombre de Los Gaitanistas, quitaron de manera violenta los teléfonos celulares de los campesinos y sacaron el ganado de todos sus predios, sin tener acompañamiento. 

“Nuevamente las víctimas reclamantes de tierras fueron engañadas, ya que el Ejército sólo apareció el día siguiente, cuando se habían consumado los desalojos, agresiones y amenazas a los campesinos”, aseveró la ONG.

Desafíos  De acuerdo con la  Unidad de Víctimas, el cumplimiento de la Ley tiene nuevos desafíos, que derivan de la firma de la paz pues, según los acuerdos parciales alcanzados sobre el punto de víctimas, no solo se cuenta con el compromiso de reparación por parte del Estado, sino también de las Farc. “Esta contribución se basará en el reconocimiento de responsabilidades sobre los hechos y los daños causados y se traducirá en acciones específicas de reparación simbólica y material. Quienes alguna vez victimizaron a las comunidades ahora contribuirán a su reparación”, señala la Unidad. Otro cambio reside en que los actos de reconocimiento de responsabilidad no serán una imposición judicial, sino una declaración voluntaria y unilateral de los responsables, lo que constituye una medida de reparación simbólica. También se está contemplando el fortalecimiento de la reparación colectiva, con enfoque territorial y en coordinación con los acuerdos de reforma rural integral y, particularmente, con los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Esto, ya que aproximadamente el 40 % de los sujetos de reparación colectiva son comunidades campesinas y casi el 50 % corresponden a comunidades étnicas. La gran mayoría de sujetos han sido colectivos históricamente discriminados, lo que supone un reto adicional en términos de inclusión social. 

Cifras 366 grupos o comunidades han sido incluidos como sujetos de reparación colectiva en procesos que reconocen su resistencia.  1743 entrega de restos a familias que han sufrido desaparición u homicidio  ha acompañado el equipo psicosocial.  5000 jóvenes víctimas han accedido a estudios universitarios, con becas del Fondo de Educación Superior.90 mil 395 solicitudes de restitución han sido presentadas por 60.950 titulares, que corresponden a 74.877 predios. De estas, los victimarios serían 40 % guerrilla, 35 % paramilitares y 24 % otros actores.812  sentencias se han producido, que han restituido 187.315 hectáreas, con 2928 predios y han beneficiado a 22.328 personas.