Así esperan la paz los que sí vivieron el horror de la guerra

Así esperan la paz los que sí vivieron el horror de la guerra

Septiembre 25, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Yefferson Ospina | Reportero de El País
Así esperan la paz los que sí vivieron el horror de la guerra

Toribío, uno de los municipios en los cuales el conflicto dejó una de sus huellas más crudas, está en un estado de transición hacia la paz. Ruinas pintadas con grafitis de esperanza reflejan el cambio que empieza a darse en este poblado.

El norte del Cauca fue un sangriento escenario de la guerra. Así se prepara para hacer la paz.

No se sabe muy bien desde cuándo podrían hacerse las cuentas. Lo que se sabe, aunque la cifra puede ser mayor, es que Caldono, Cauca, ha padecido al menos 67 ataques de las Farc, entre los que figuran cinco tomas guerrilleras. Lea también: Adaptarse a la paz es el anhelo del Cauca, un pueblo acostumbrado a la guerra

 Tal vez ese registro se haga desde 1990, lo que significaría que sus  cerca de 1500 habitantes fueron testigos de cuatro ataques por año. Todos llevados a cabo por las Farc. 

 Los efectos son evidentes: lo que era el principal colegio de Caldono debió ser relegado hace más de seis años como parte del cuartel de la Policía. Meses después, en mayo de 2011, los ataques de la guerrilla  lo devastaron.

Lo de ese día fue un carro bomba seguido de lo que podría ser una lluvia de disparos desde las montañas que circundan al pequeño poblado. Al final, un policía y otras tres personas, entre ellas una mujer en embarazo, resultaron heridas. 

Al final, la mayor parte del pueblo era un conjunto de jirones, de paredes deshechas, de casas semidestruidas, de tristezas obvias y de un miedo hecho hábito.  

“Esto aquí no se podía ni caminar por el parque, porque en cualquier momento empezaba la balacera. Ahora es diferente, con los diálogos ha venido la calma”, dice Jairo Becoche, alcalde mayor del resguardo indígena de Caldono. Historias semejantes, con variaciones circunstanciales, se escuchan en Toribío, en Caloto, en Corinto, en todo el norte del Cauca.

 En Toribío el 12 de julio de 2011 una chiva bomba dejó 3 personas muertas, 103 heridas y 460 casas semidestruidas. 

El 11 de octubre de 2011, integrantes de las Farc mataron a siete militares que patrullaban en la vereda El Palo, zona rural de Caloto, luego de activar varios explosivos instalados en la zona.

 En 2009 Corinto fue escenario de más de cuatro ataques de la guerrilla. Uno de ellos, tal vez el más violento, se registró el 20 de julio de ese año, cuando los subversivos  atacaron el mercado de alimentos del pueblo. La acción dejó dos personas muertas, entre ellas un menor de edad, y 19 heridos.

 En cada uno de esos pueblos se ha instalado una atmósfera de paz y esperanza desde el inicio de los diálogos en 2012, que contrasta con las heridas aún visibles de la guerra.  Y ese constraste es la imagen perfecta de lo que esperan  quienes han padecido el conflicto en sus efectos más inmediatos: la construcción de la paz. 

“Se firma el acuerdo y después de eso queda construir la verdadera paz. Ese es el desafío: reconstruir sobre las ruinas y las heridas que la guerra nos ha legado”, dice Mauricio Casas, secretario de Gobierno de Toribío.

[[nid:579732;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/09/pazcauca.jpg;full;{Policías en una trinchera de la plaza principal de Toribío, en donde hay un parque infantil y una cancha de baloncesto y fútbol sala. Foto: Jorge Orozco | El País}]]

Lo que fue el colegio de Caldono no ha sido reconstruido. Ahora mismo, un proyecto de una iglesia cristiana se propone retomarlo para enseñar a niños de veredas que no tienen acceso a la educación. 

Nunca se reconstruyó el colegio por razones de una lógica perversa: en cualquier momento habría sido una vez más destruido, dice  Jairo Becoche.   Justamente, el desmonte de esa lógica es uno de los primeros pasos para la construcción de la paz, continúa Becoche.

 “Nosotros creemos en el desarme de las Farc y creemos que ellos están obrando de buena fe. Lo que sigue, entonces, es que el Gobierno nos saque del olvido en que estamos, y llegue la inversión para los productos productivos y el desarrollo económico del municipio”, dice Gilberto Yafue, exgobernador del resguardo indígena de Pueblobuevo, uno de los seis  que hacen presencia en Caldono, en donde, además, se calcula que el 98 % de sus habitantes son indígenas. 

El imperativo de la inversión es inevadible, afirma Yafue, porque es la única forma de evitar que fenómenos como el narcotráfico se fortalezcan cuando las Farc abandonen zonas en las cuales han tenido influencia. 

 “El tema de los cultivos ilícitos es para las comunidades del norte del cauca básicamente un problema de supervivencia. Nosotros no tenemos acceso a créditos para el agro, a programas de producción, a ayudas técnicas y tampoco tenemos buenas carreteras para sacar los productos que se producen. En escenarios como esos, es muy fácil que la siembra  de cultivos ilícitos prospere, porque se convierten en un medio de supervivencia para las personas”, sostiene Yafue.

Los seis cabildos indígenas, sin embargo, aunque esperan la inversión y el apoyo del Estado, ya están trabajando en proyectos de producción para las comunidades. 

Según lo indica Oscar Disú, gobernador del resguardo Pueblonuevo, los indígenas trabajan en iniciativas de producción de café, frutas y en ganadería. 

Asimismo, las comunidades ancestrarles lideran un proyecto para la construcción de un distrito de riego que les permita aumentar la producción de la tierra y, sobre todo, la protección del agua. 

A ese respecto, los líderes indígenas son enfáticos en sostener que esperan del Gobierno, en el posconflicto, un respaldo a su lucha por proteger los recursos naturales del Cauca, especialmente el agua. 

  “Se trata del conflicto por la tierra que los indígenas tenemos con el Gobierno desde hace muchos años. El Estado debe entender que no es deseable para nadie que se siga poblando y se siga habitando en las zonas altas, en los páramos en donde surge el agua de los ríos. Esperamos que en el posconflicto podamos llegar a un acuerdo con el Gobierno para que  nos entregue las tierras bajas a la que se ha comprometido, con el fin de que se frene la explotación en las tierras altas”, dice Gilberto Yafue.

   El líder indígena hace referencia a los conflictos que se han desatado entre comunidades indígenas y Fuerza Pública en varios municipios del norte del Cauca, especialmente Corinto y Caloto, por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno para la entrega de más de 25.000 hectáreas de tierras planas a los indígenas como medida de reparación por la masacre del Nilo, que dejó 21 comuneros muertos a manos de agentes de la Policía en 1991. 

 Estos conflictos, que se han recrudecido en los últimos años, han terminado en la invasión por parte de indígenas a haciendas cañicultoras del norte del Cauca y en fuertes enfrentamientos con el Esmad y el Ejército.

Toribío está en paz. Hay casas destruidas, calles maltrechas, efectos de la guerra en todos lados. Pero está en paz. En el parque principal los niños que salen del colegio juegan partidos de fútbol. 

“Hace cinco años aquello era impensable”, dice el secretario de Gobierno, Mauricio Casas.

 Casas agrega que el cese al fuego pactado por las Farc ha permitido   una especie de renacimiento de la vida en el pueblo en todos sus sentidos. “Se reactivó la economía, han aparecido iniciativas de producción agrícola e incluso, hay quienes le apuestan al potencial turístico del pueblo, que está enclavado en la cordillera central”. 

 Entre las iniciativas que actualmente se desarrollan está el Proyecto Nasa,  que busca fortalecer renglones de la economía como la producción agrícola y también mantener la riqueza cultural y tradicional de los pueblos indígenas.

Sin embargo, señala Casas, una de las preocupaciones actuales de los indígenas ha sido el otorgamiento de licencias para la producción de cannabis medicinal a una multinacional canadiense.

“Es un tema capital para nosotros, porque se trata del uso medicinal de la marihuana, que es una tradición ancestral nuestra, y que está siendo entregada a multinacionales. Es importante, además, porque muchas familias que cultivan marihuana para actividades ilícitas esperan que el uso medicinal les abra puertas para su desarrollo económico. Pero si desde ya las licencias se las entregan a multinacionales por encima de nuestros derechos como colombianos y como indígenas, pues eso ya va a generar conflictos y a desestabilizar lo que venga después del acuerdo”, afirma Mauricio Casas. 

Y termina: “el posconflicto debe ser un tiempo de oportunidades para la gente. Si se las quitan, no se sabe qué pueda suceder”.

Comunidad reconstruye la vida En las poblaciones más afectadas del norte del Cauca,  comunidades indígenas y campesinas ya desarrollan proyectos para reconstruir tanto la infraestructura de los municipios como el tejido social roto por el conflicto armado.  Comunidades indígenas en Caldono,  por ejemplo, están implementando proyectos de desarrollo agrícola con el objetivo de evitar que la economía de los cultivos ilícitos siga permeando a la comunidad.  En Corinto, Caloto y Toribío se desarrollan otros proyectos  para el cultivo de diferentes alimentos. Sin embargo, la mayor queja de las comunidades es la falta de apoyo del Estado a esas iniciativas, no solo en lo que tiene que ver con inversión directa, sino también en inversión en vías para la comercialización de los productos.  Hay otras zonas, como es el caso de El Mango,  corregimiento de Argelia, en el sur del Cauca, en las que aún no se vislumbran proyectos de reconstrucción en infraestructura ni de recuperación del tejido social.  A pesar de que  El Mango tiene un movimiento campesino fuerte, los cultivos ilícitos  siguen siendo la principal fuente económica del corregimiento.  El Mango, por otra parte, permanece en un estado de destrucción  evidente por los constantes ataques de las Farc y los enfrentamient
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