"Siempre serán vanos los esfuerzos por tener paz y justicia perfectas": Procurador

"Siempre serán vanos los esfuerzos por tener paz y justicia perfectas": Procurador

Abril 14, 2019 - 07:55 a.m. Por:
Olga Lucía Criollo - editora de Poder
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.

Foto: Archivo de El País

"Aquí hay muchos procesos preventivos, pero muy pocos disciplinarios". La afirmación la hizo el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, en la Audiencia Anticorrupción que lideró el jueves en Cali, luego de la cual decidió que enviará cuatro procuradores delegados al Valle.

El día anterior había estado en la fallida cita entre la minga indígena y el presidente Iván Duque y su conclusión también fue contundente: “La experiencia de Caldono no puede repetirse”.

“Un acto que podría llegar a contribuir a acabar con la polarización y con todo ese combate feroz que se va a dar de cara a la votación en el Senado podría ser dejar de lado las objeciones presidenciales” a la JEP, aseguró igualmente el jefe del Ministerio Público en diálogo con El País.

Usted estuvo en Caldono, ¿cómo analiza lo que pasó en la cita fallida entre los indígenas y el Presidente?

Por cosas menores, y eso es lo más triste -logística y número de personas en una reunión-, se frustró un encuentro que era muy importante. Era la protocolización, porque los acuerdos ya estaban firmados...

Lo único que debe quedar claro es que ese acuerdo hay que cumplirlo, porque compromete la palabra de las comunidades indígenas y la palabra de todo el Estado. Nosotros somos garantes de ese acuerdo y lo que debería hacerse el primer día de la Semana de Pascua, el lunes 22 de abril, es comenzar a cumplirlo, romper esa tradición maldita de Colombia de que los acuerdos con las comunidades étnicas no se cumplen y, a partir de ahí, garantizar que no se vuelvan a repetir las vías de hecho ni los hechos de violencia, que muchas veces son colaterales a todos estos escenarios del diálogo social, que es lo que importa. La experiencia de Caldono no puede repetirse.

¿Pero cree que es posible que los indígenas vuelvan a bloquear la vía?

Yo espero que no, porque ellos saben que esa fue una de las condiciones fundamentales de la firma del acuerdo y sería un gran obstáculo para su cumplimiento. Aquí no hubo vencedores ni vencidos; así como se ganó con la firma del acuerdo, todos perdimos al no haberse dado el encuentro entre el Presidente y la minga y aquí la claridad es que no haya violencia, se marginen los actores violentos que trataron de ser parte de este proceso, no haya repetición de las vías de hecho y se respete el sentido de la protesta social, que es un esfuerzo de reivindicación de derechos.

La Procuraduría ha acompañado varias manifestaciones de protesta social, como los paros de Buenaventura y Quibdó, y lo importante es, insisto, que comiencen a cumplirse esos compromisos. En el caso de Buenaventura, eran 48 compromisos, y es muy pobre el cumplimiento, razón por la cual iniciamos una acción disciplinaria contra el Alcalde. Para que la palabra vuelva a tener sentido en Colombia, y para que funcione el diálogo social, hay que cumplir.

Como el de Cali, son varios los concejos municipales del país que están siendo investigados por la Procuraduría. ¿Por qué esa proliferación de faltas disciplinarias?

Es parte de toda esta zona gris en la que ha estado lo público y lo privado, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses hace parte de una sociedad moderna. Uno tiene que distinguir entre el interés privado y el público y las inhabilidades son la expresión legal de eso. Hay gente que no puede llegar a los cargos públicos porque tiene conflicto de intereses o incurre en inhabilidades y a lo largo y ancho del país lo hemos dicho. En el caso de la elección de los contralores, se sigue incurriendo en esas faltas disciplinarias y el país tiene que ser consciente de que esa no puede ser la senda hacia el futuro. La elección de los cargos públicos tiene que estar exenta de intereses distintos del público.

Parece que la audiencia realizada en Cali superó sus expectativas...

Sí, no esperamos que se entusiasmara tanto la gente, los veedores y los denunciantes en ella. Recibimos denuncias, quejas y sugerencias de más de 40 personas. Nos tocó crear una segunda instancia, que va a ser la Semana de Pascua. Van a venir cuatro procuradores delegados: el de Salud, porque hubo muchas denuncias; el del Medio Ambiente, para el humedal El Cortijo y Los Farallones de Cali y otras relacionadas con el agua en Cali y otros municipios. Un procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, para que mire los casos de contratación y, por último, tomé la decisión de designar un procurador delegado para que se ocupe de todos los casos de corrupción denunciados. Hubo una insistencia grande en lo que está pasando en el Municipio de Candelaria y habrá una comisión de inspección y un examen de lo que ha acontecido allí.

¿Pero entonces están fallando los controles locales y regionales, que tienen que venir de Bogotá a realizar esas investigaciones?

Por eso es tan importante tener la opinión de la ciudadanía. Para mí ha sido un gran termómetro. Hubo mucha crítica en que aquí hay muchos procesos preventivos, pero hay muy pocos procesos disciplinarios.

La orden a los procuradores regional y provincial es que hay que activar la fase disciplinaria de los procesos, la que supone investigaciones sobre faltas que han cometido funcionarios, que espero que sean conducidos por esa procuradora delegada, con la colaboración del regional y el provincial. Hemos insistido en que la Procuraduría tiene que dejar atrás esa herencia en la que se convertía en el verdugo de los enemigos, pero en el colaborador o cómplice de los amigos políticos.

¿Cómo van los procesos en contra del exalcalde Jorge Iván Ospina, que aspira a volver a ese cargo?

Lamentablemente, por estar sometidos a las reserva, no me puedo referir a esos procesos, pero estamos tratando de agilizar y de definir la situación disciplinaria de muchos funcionarios de elección popular en Colombia.

¿Incluida Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes y aspirante a la Gobernación del Valle?

Pues ha habido solicitudes del Director de Coldeportes, hay unas investigaciones y unos hallazgos de la Contraloría y, por supuesto, se han iniciado también unas investigaciones disciplinarias en ese caso.

Hablemos de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. ¿Cree que el Presidente debería retirarlas?

Cualquier intento que constituya un nuevo horizonte para lograr la convergencia de todos los sectores políticos, y así se lo expresé al Presidente de la República, es positivo. Un acto que podría contribuir a acabar con la polarización y con todo ese combate feroz que se va a dar de cara a la votación en el Senado, podría ser dejar de lado las objeciones.

Podría haber otras alternativas: que el Presidente convoque a un gran diálogo nacional y, si hay acuerdo de la sociedad, sentados en una mesa con las propias Farc, por ejemplo, para adelantar una reformas constitucionales en las cuales la Procuraduría ha estado de acuerdo, como la sanción de los delitos sexuales en los menores. Yo sería el primero que estaría sentado en esa mesa.

¿Y cree que ese acuerdo podría ayudar a reducir la polarización tan extrema que vive el país?

Ese sería el objetivo principal. No podemos seguir pensando que es por la vía de los extremos por dónde va a progresar este país. Cualquier intento de radicalización de las posiciones es negativo.

Colombia tiene que salir de esa dialéctica del Sí o el No frente al Plebiscito, y ese es nuestro juego en la Procuraduría. Hemos sido el fiel de la balanza. A mí un día se me califica de extrema derecha y al otro de extrema izquierda, porque el país está tan fracturado ideológicamente, pero eso indica que voy por el camino correcto. Y ese es el compromiso del Ministerio Público, ser el garante del cumplimiento de la ley, de los derechos de los colombianos y, sobre todo, del interés público y este no se persigue cuando hay escenarios de polarización, extremismo o radicalismo.

Pero, mientras tanto, ¿cree que hay que dejar actuar a la JEP?

Indiscutiblemente. La JEP, por imperfecta que sea, fue lo que se logró en el proceso. Cualquier intento por revigorizarla es válido, pero siempre van a ser vanos los esfuerzos de tener una paz y una justicia perfectas. Eso no se ha dado en Colombia ni en el resto del mundo en los procesos de paz. Siempre se ha tenido que ceder algo de justicia para que haya paz. A la JEP hay que fortalecerla y exigirle que haya ya decisiones y sanciones y que se cumpla ese estribillo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Usted pidió que se capture a ‘El Paisa’, pero muchos desean que también lo haga con ‘Iván Márquez’, quien manda a los abogados pero no se ha presentado ante la JEP…

En la medida en que se consolide, la JEP tiene que ser respetada, es la garantía de que eso va a funcionar bien, y quien no concurra o evada las condicionalidades que se le ponen, está burlando la justicia, y ese ha sido el sentido de nuestra solicitud. Este es un caso individual, si hay casos similares, pues habrá que pensar en solicitar lo mismo, pero entiendo que son situaciones diferentes y habrá que mirarlo uno por uno.

El caso de ‘Jesús Santrich’ está en sus días definitivos. ¿Qué espera?

Estamos esperando a que se abra el término para presentar el concepto. Como se sabe, la Procuraduría es el único actor procesal ante la JEP. Yo he insistido muchas veces, ha sido parte de mi vida, que la extradición es un mecanismo efectivo de cooperación judicial internacional. Yo fui de los únicos trece constituyentes que votaron en favor de mantener la extradición en la Constitución, batalla que perdimos en la Constituyente en 1991 y después, como ministro de Justicia, llegué a la convicción de que sigue siendo una herramienta muy importante para luchar contra el crimen organizado.

¿La Procuraduría le está haciendo seguimiento al caso Odebrecht?

Hemos insistido en la responsabilidad, sobre todo, de los ejecutivos brasileros que no contaron la verdad. Se blindaron con el acuerdo que se suscribió con el Departamento de Justicia de EE. UU. Incluso, en una carta que está por responderse, le pedimos a ese Departamento que evalúe si realmente dentro de ese acuerdo se contó la verdad, una verdad que no ha existido en Colombia, porque buena parte de lo que se hizo acá fue resultado de la incriminación de algunos funcionarios de mediano nivel del Gobierno y nunca, por ejemplo, de los sujetos activos del delito, que fueron los ejecutivos brasileros que trabajaron en Colombia.

A propósito, ¿cómo están sus relaciones con el Fiscal General?

Son relaciones institucionales muy buenas. Cada uno tiene su competencia, la justicia disciplinaria es distinta de la penal. Cuando ha habido desencuentros, ha sido más el resultado de posiciones serias, porque con él tengo una amistad personal de más de 30 años y cada cuál responde a su deber constitucional de la manera como lo señala la ley.

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