Revelan preocupaciones por la implementación del acuerdo de paz en el gobierno Petro

El senador y exjefe negociador, Humberto de la Calle, y el exalto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, manifestaron una serie de preocupaciones sobre el estado actual de la implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Petro.

Aunque reconocieron “las buenas intenciones del nuevo Gobierno” y se ofrecieron para “ayudar en lo que sea necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo”, De la Calle y Jaramillo manifestaron que se debe pasar “de la palabra a la acción” para que el proceso no pierda terreno.

Los exfuncionarios expusieron ocho puntos sobre los cuales existe preocupación luego de tres meses de la administración de Gustavo Petro, quien anunció en su posesión, como primer punto de su decálogo de Gobierno, el cumplimiento con el Acuerdo de Paz.

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En el primer punto resaltaron el incremento significativo de recursos para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, que son indispensables para la implementación del Punto 1 del Acuerdo sobre la Reforma Rural Integral.

“Alentamos al Gobierno a financiar y poner en marcha finalmente los 16 planes nacionales en materia de desarrollo rural, que son la esencia de la RRI y que seis años después de la firma escasamente se han terminado de formular”, señalaron en la misiva.

En el segundo punto se refirieron al reto de la implementación del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos, donde pidieron, de forma urgente, que el Gobierno produzca una hoja de ruta para implementar de “manera vigorosa” el programa con el enfoque territorial.

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También se refirieron a la violencia recurrente en los territorios, que impacta la implementación del Acuerdo, por lo que llamaron la atención frente a las noticias de masacres y muertes de líderes sociales. “La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz se seguridad, fracasan”, señalaron.

Hicieron énfasis en que el Gobierno Nacional no ha nombrado un responsable de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación, teniendo en cuenta que el Alto Comisionado para la Paz está concentrado en el proceso de paz que avanza con la guerrilla del ELN.

“Tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ni se ha creado, como estaba previsto, el Sistema Nacional de Reincorporación. El bienestar de 12.700 excombatientes de las Farc está en juego”, manifestaron.

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Mostraron su preocupación sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que parecen reflejar un menor compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. “Mientras que en el plan de gobierno Duque existían 48 indicadores asociados a la implementación, en las bases publicadas por este gobierno hay seis veces menos indicadores (8)”.

También hicieron un llamado a proteger la Jurisdicción Especial para la Paz. “No hay ninguna necesidad de reformar la JEP, y mucho menos de incluir en ella organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con sus propósitos”, manifestaron.

Finalmente, hicieron un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia a no descuidar el mandato del Consejo de Seguridad de verificación de la implementación del Acuerdo. “Es, de nuevo, gracias a esa vigilancia internacional que el proceso de paz se ha mantenido a flote estos seis años”, concluyeron.