Procuraduría abrió investigación contra el canciller Álvaro Leyva por posibles irregularidades en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes

A primera hora de este miércoles 20 de septiembre, la Procuraduría dio a conocer que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes. Así lo informó el ente de control a través de un comunicado de prensa en su página web.

“La decisión la tomó la Sala Disciplinaria de Instrucción, desde donde se señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”, manifist el comunicado.

Esta investigación buscará determinar la responsabilidad de Leyva, en incurrir en posibles irregularidades que afectaron el debido proceso de licitación.

De igual forma, la entidad advirtió que posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

“Como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluye el texto de la procuraduría.

El problema de los pasaportes

Toda esta investigación tiene como inicio el anunció que dio el canciller, Álvaro Leyva, el pasado 14 de septiembre, en donde declaró que la expedición de pasaportes estaría en emergencia.

“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación, se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993″, dijo en medio de una audiencia, esta decisión la tomó luego de que se declarará desierta la licitación de pasaportes por los diferentes y escándalos.

Sin embargo, esta declaratoria de emergencia no cayó bien en algunos sectores del país. Esto debido a que al declararse esta situación, la Cancillería podrá comenzar una contratación directa, sin exigir autorización previa. Esto causo malestar y desconfianza al presentarse, una presunta violación al derecho a la licitación, y podría haber un caso de “escoger a dedo”.

Cabe mencionar que la compañía Thomas Greg & Sons, era la única empresa que estaba licitando en este proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia.

Debido a la decisión por parte del Ministerio, la firma Thomas Greg & Sons anunció que demandará a la Cancillería y reclamará entre 80.000 y 100.000 millones de pesos.

“Que la urgencia manifiesta en el régimen colombiano de la contratación estatal es una excepción legal al deber de selección de contratistas a través del mecanismo de la licitación pública, incorporándolo como una modalidad de contratación directa que obedece a hechos taxativos”, dice el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, citado por Leyva.

“La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”, añadió el canciller.

Ya la Procuraduría había advertido

En su momento, la Procuraduría advirtió al Ministerio de Relaciones Exteriores a prevenir la pérdida de recursos públicos, esto debido a que estaban en juego el proceso que alcanzaba los 600.000 millones de pesos.

“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, decía tal comunicación.

Por ahora, se espera que desde la cancillería se dé una respuesta ante este nuevo proceso que inicia.