PGN de 2027 en vilo: Senado aclara que artículo 65 se aprobó sin las modificaciones introducidas en la Cámara

El secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia oficial de una discrepancia en torno al artículo 65 del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, un hecho que ha encendido las alarmas sobre la validez del trámite legislativo y que podría derivar en la virtual caída del presupuesto si no se resuelve la conciliación entre las dos cámaras del Congreso.

Según la nota firmada por González y conocida por fuentes parlamentarias, en el registro público de la plenaria del Senado no aparece registrada ninguna proposición aprobada sobre el artículo 65, lo que contrasta con la información que, según el secretario, circuló durante el trámite en la Cámara de Representantes, donde ese mismo artículo habría sido aprobado con una proposición.

Es decir en el texto que salió del Senado y el que aprobó la Cámara tendrían diferencias que no quedaron debidamente consignadas en el acta o en el enlace oficial de proposiciones del Senado.

Está controversia tiene implicaciones prácticas y jurídicas. Si las versiones aprobadas por Senado y Cámara no coinciden en un punto material como sería el caso del artículo 65, el procedimiento legislativo exige mecanismos de conciliación y verificación que permitan determinar cuál es el texto válido.

De no lograrse un acuerdo, el resultado puede ser la nulidad del trámite y, en consecuencia, la imposibilidad de que el Congreso expida el Presupuesto General de la Nación para 2027 en los términos previstos.

Dentro de ese contexto, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, tendría la alternativa de expedir el presupuesto por decreto, tomando como base el texto aprobado en primer debate, aunque esa vía también plantea debates jurídicos y políticos sobre su alcance y legitimidad.

La Secretaría General del Senado, por su parte, defendió la actuación de la Mesa Directiva y aseguró que durante la extensa jornada de discusión se garantizaron condiciones de transparencia, rigurosidad y lealtad en el trámite.

Sin embargo, la existencia de una constancia oficial que documenta la ausencia de proposiciones en el registro del Senado refuerza las dudas sobre cómo se produjo la conciliación entre las plenarias y quiénes son responsables de la discrepancia en los textos.

El siguiente paso es activar los mecanismos internos de verificación: cotejar actas, registros de votación, grabaciones de la plenaria y el expediente digital de proposiciones para establecer si hubo un error material, una omisión en el registro o una modificación posterior que no fue debidamente comunicada.

También se espera que las comisiones jurídicas del Congreso y la Secretaría del Senado emitan pronunciamientos que aclaren el procedimiento seguido.