Petro reacciona tras nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque como líder de la SIC: “Se trata de debilitar mi gobierno a como de lugar”

Tras la declaratoria de nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, SIC, por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro no tardó en manifestar su desacuerdo.

A través de su cuenta de X, el Mandatario colombiano señaló que esta decisión es una afrenta contra las instituciones académicas más legítimas del mundo y busca la no independencia de una entidad como la SIC.

“El Consejo de Estado como institución nació en Francia, pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia. El fallo contra Cielo no solo insulta la instituciones académicas más legitimas del mundo sino que se da para que la superintendencia de industria y comercio no sea independientes de los vigilados poderosos”, trinó el Presidente.

La decisión, que fue adoptada por la Sección Quinta, al analizar la legalidad del acto administrativo mediante el cual fue designada en enero de 2024, para liderar esta entidad, se basó en que Rusinque no cumplía con los requisitos de formación académica y experiencia profesional exigidos para el cargo.

Para el Jefe de Estado, con esta determinación se busca como sea debilitar su mandato. “Se trata de debilitar mi gobierno a cómo de lugar. No importa décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia”, sostuvo en su trino.

El fallo, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, determinó que el perfil exigido implica una formación especializada y experiencia profesional directamente relacionada con las funciones de la Superintendencia, condiciones que no fueron acreditadas durante el proceso.

Lo que dijo Cielo Rusinque

Luego de conocer el fallo del Alto Tribunal, la superintendente Cielo Rusinque, también aprovechó su red social de X para manifestar su preocupación.

Para la funcionaria, la argumentación para determinar la nulidad de su nombramiento desborda el análisis normativo y probatorio, para conferir una apariencia de juridicidad a una decisión que resulta altamente cuestionable.

“En primer lugar, el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en Paris, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”, dijo.

A ello, agregó, se suma la desestimación, sin motivación suficiente, de la certificación expedida por el Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado.

Asimismo, señaló que pese a lo certificado por la Universidad Paris II Panthéon-Assas, una de las más prestigiosas de Europa, sobre la naturaleza y contenido de su título de maestría, el Consejo de Estado optó por desconocer estos estudios, incurriendo en un evidente defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Igualmente, para la funcionaria se ignoró el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, que establece un plazo de dos años desde la posesión, imponiendo de facto una exigencia no prevista en la normativa vigente. “Las dudas expresadas sobre la equivalencia del título obtenido en Francia no justificaban, en ningún caso, prescindir de la certificación expedida por la universidad que acreditaba su nivel de maestría”, sostuvo.

Rusinque sostuvo que con esta determinación la fragilidad del análisis del Consejo de Estado queda evidenciada en el salvamento de voto del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, quien advirtió las inconsistencias de la decisión.

“Como lo sostuvimos a lo largo de nuestra defensa, y como hoy reiteramos, nunca se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo de mi nombramiento. Más allá del plano estrictamente jurídico, resulta inquietante que las instituciones judiciales puedan convertirse en escenarios de disputa política, al servicio de agendas que buscan frenar las transformaciones profundas que el país requiere para avanzar hacia una sociedad más equitativa y con justicia social”, concluyó.