¿Nombramiento de Mininterior violó ley de equidad de género?, esto dice la Procuraduría

La Procuraduría se pronunció sobre una demanda ante el Consejo de Estado en contra del nombramiento de Daniel Andrés Palacios Martínez como ministro del Interior, quien tomó posesión del cargo el pasado 18 de enero.

El organismo de control emitió concepto favorable a la solicitud de suspensión provisional del nombramiento y aseguró que garantizará la participación de las mujeres en los altos cargos del Estado.

El acto procesal, interpuesto por un grupo de estudiantes de Derecho de las universidades de Los Andes y Externado, argumenta que el Gobierno nacional no tuvo en cuenta la Ley 581 de 2000 (o ley de cuotas), en la que se especifica que el 30 %  de los ministerios debe estar conformados por mujeres.

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"Desde el momento en que la señora Alicia Arango dejó de ocupar el cargo de ministra del Interior, la composición del gabinete de ministros solamente incluye cinco mujeres, lo que equivale a que el 27,7 % del total de ministerios (18) está actualmente dirigido por una mujer", argumentaron los demandantes.

En su concepto, el Ministerio Público pidió al Consejo de Estado remitir la demanda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que este es el juez competente para adelantar el proceso en primera instancia.

De igual manera, enfatizó que su intervención "estará direccionada a garantizar el acceso material, igualitario y adecuado a las mujeres en los altos cargos del Estado".

"La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, emitió concepto frente a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual se nombró al actual ministro", aseguró la Procuraduría.

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Para el ente de control, la normatividad vigente en el país apunta al "equilibrio y paridad de género dentro de la sociedad colombiana desde lo material y la satisfacción de los postulados constitucionales formales".

Por este motivo, la Procuraduría aseguró que su intervención buscará el cumplimiento de las normas que garantizan la participación de las mujeres en las altas esferas del poder público.

"Todas las entidades estatales del nivel territorial y del nivel central, sin excepción, están obligadas al cumplimiento de estas normas", afirma el concepto.