“No es fácil tramitar estos procesos cuando el dolor y el conflicto siguen vivos”: JEP

El silencio que antecede a cada respuesta bien refleja su talante de magistrada. Y la insistencia para que no se le pregunte por casos puntuales revela su calidad de abogada.

A Patricia Linares, quien hasta noviembre será la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la vida parece haberla preparado para el cargo: controvierte, pero no se enoja; no opina sobre política, pero sí llora.

“Ir a las comunidades más azotadas por el conflicto viendo cómo tramitan el dolor y al mismo tiempo logran reconstruirse como tejido social son una enseñanza que le dan a uno mucha fuerza para seguir adelante ante las múltiples dificultades”, dice.

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De esas dificultades, que en boca de muchos son reclamos por la forma cómo ha operado la Jurisdicción, habló Linares con El País, quien aseguró que si bien se suspendieron términos por cuenta de la cuarentena derivada del Covid-19, “las victimas y el país pueden tener la certeza de que seguimos cumpliendo con nuestro mandato constitucional”.

La JEP ya lleva más de dos años funcionando y aún no se conoce el primer condenado. ¿Qué responde?

Este es un modelo diferente a la justicia ordinaria. Aquí no se trabaja caso a caso sino macro casos que convocan cientos de comparecientes, victimarios y miles de víctimas. Es el caso, por ejemplo, de secuestro o ejecuciones extrajudiciales: víctimas que tienen participación en todas y cada una de las etapas del proceso. Llevamos dos años y tres meses de funcionamiento 25.000 decisiones judiciales que avanzan a la imposición de sanciones. Como digo, toma tiempo: hay que contrastar la información.

Como en ningún otro proceso en Colombia, las víctimas controvierten, asisten a audiencias públicas, se les notifica en todo el país e incluso por fuera de él deben ser buscadas para garantizar su participación y, desde luego, estos procesos están supeditados a las reglas del debido proceso, la seguridad jurídica y la doble instancia. Por eso toman el tiempo que establece la Constitución y la ley y ya vendrán esas soluciones definitivas.

¿Es posible saber cuánto tardarán?

Hay dos casos, el 01 (secuestro) y el 03 (‘falsos positivos’), que avanzan de manera importante, como los otros, pero están más próximos a una decisión de primera instancia en la dirección que señalo. Esperamos, porque está sujeto a muchos avatares propios del debido proceso, este año a tener resolución de conclusión.

Poco antes de la llegada del Covid-19 al país mucha gente recibió con indignación el fallo que les negó la condición de víctimas a los militares heridos por el carrobomba que las Farc pusieron en la Escuela de Guerra. ¿Qué dice al respecto?

Esas decisiones están sujetas a segunda instancia y esta ya fue impugnada por el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa. Yo hago parte de la segunda instancia, en la Sección de Apelación, y no me puedo pronunciar. Lo que sí le puedo decir es que si se analiza cualquier proceso similar, porque nunca encontrará uno igual, donde un país, por vía de un modelo transicional, intenta superar el paso de la dictadura a la democracia o el paso de la guerra a la paz, las primeras fases son muy complicadas, hay mucha reserva de ciertos sectores de la sociedad, inquietudes, preguntas, cuestionamientos. No es fácil, y mucho menos en Colombia, tramitar este tipo de procesos cuando no solo el dolor sigue vivo en las víctimas, que están reclamando con todo derecho justicia, sino que el conflicto sigue vivo.

Otro de los señalamientos que en ese momento se le hacían a la JEP es que es muy condescendiente con los exjefes de las Farc, ya que, por ejemplo, permiten q ue hablen de retención y no de secuestro...

Todos los sujetos sometidos a la JEP tienen las garantías propias del debido proceso, la seguridad jurídica y la doble instancia. El tratamiento que se les brinda es el que ordena la Constitución y la ley. Sobre la denominación, y me puedo referir a ese tema concreto porque no compromete el desarrollo mismo del caso, la JEP no ha hecho ningún tipo de calificación sobre la conducta porque no ha llegado a esa etapa procesal. Quien aludió en esos términos a los secuestros fue, de una parte, la Fiscalía General, cuando presentó el informe sobre secuestro, denominándolo retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP, y podía hacerlo, no estoy cuestionando a la Fiscalía, porque entre otras cosas el secuestro presenta múltiples denominaciones técnicas jurídicas. Las Farc presentan tanto varias versiones individuales como colectivas sobre la práctica del secuestro y, en el marco de esas versiones, ellos acuden a esa denominación. Serán los jueces los que deban calificar jurídicamente, para efectos de función, esa práctica del secuestro.

Entiendo que no puede referirse al secuestro, pero familiares de los diputados del Valle asesinados por las Farc rechazan las versiones de los exguerrilleros y han pedido que se vincule a ‘El Grillo’ al proceso como máximo responsable. ¿Cuál es el mensaje para esos familiares?

Le reitero que sobre el caso no puedo hablar, porque está en primera instancia y yo soy segunda instancia. Obviamente, el caso está en las etapas que conoce el país y eso implica que se contraste toda la información que se recibe, se busca y se obtiene. Cuando hablo de información, son las versiones que dan las víctimas que cuentan cómo vivieron esa tragedia, las familias, los informes de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, organizaciones sociales, Centro Nacional de Memoria Histórica y los de tanques de pensamiento que han estudiado esta tragedia y cientos de decisiones judiciales de la jurisdicción ordinaria que se deben analizar en detalle sobre esa tarea. Convocatoria de personas, testigos, declaraciones, se contrastan y por eso toma tiempo hacer ese ejercicio. Los magistrados a cargo están haciendo todo el esfuerzo posible para arribar a esa verdad completa que, le repito, no se agota en la versión de quiénes fueron victimarios: cometieron los secuestros, las desapariciones, promovieron desplazamientos forzados o cometieron delitos sexuales en el marco del conflicto. Entonces, lo que les diría a las víctimas es que son personas idóneas las que están a cargo de esas investigaciones, que son complejas, difíciles y que están precedidas de pleno respeto a la dignidad y al dolor de las víctimas y sujetas al respeto que debemos al debido proceso.

Usted ha dejado entrever que los exfarc podrían ‘enterrarse el cuchillo’ si no tienen plena conciencia de las implicaciones que podría tener lo que dicen y lo que están dejando de decir en esas versiones...

La obligación y el compromiso de quienes fueron miembros de las Farc-EP al arribar como comparecientes forzosos a la JEP es decir la verdad. La de nosotros, contrastar las versiones que ellos dan con todo lo que dije en la pregunta anterior, para arribar a ese relato que dé cuenta de la verdad de lo que pasó. Si ellos no cumplen con ese compromiso, perderán los beneficios y se exponen a las penas más altas. En la Jurisdicción, a quien cumple a cabalidad con sus compromisos se le puede atribuir una sanción propia, que tiene restricción de derechos pero no necesariamente privación de la libertad, pero esos beneficios se van a perder si no cumplen con la obligación principal, que es decir toda la verdad, e incluso puede llegarse a la situación de que sean expulsados del sistema.

Justo antes de iniciar la cuarentena el hoy senador Álvaro Uribe reiteró su propuesta de eliminar la JEP, ¿qué responde?

Debates políticos, iniciativas de orden político, no las comento, no me corresponde. En el marco de un Estado Social de Derecho especialmente los políticos tienen como tarea promover iniciativas que respetamos profundamente. Nosotros cumplimos con nuestra tarea, somos jueces y los jueces tienen que cumplir el mandato que les da la Constitución y la ley.

Parece que la JEP es más valorada por la comunidad internacional que en Colombia. ¿Desconocimiento, desinformación o ‘mala leche’?

Creo que hay desconocimiento, que sigue siendo necesario, y en ese empeño estamos, hacer más pedagogía, pero principalmente creo que, a medida que va avanzando la operación de la Jurisdicción, se renuevan profundas tragedias, dolores que afectan de manera intensa tanto a víctimas y sus familias como a la sociedad misma. Tramitar por vía judicial este tipo de delitos es muy complejo, de una parte, y, de otra, muy doloroso, más cuando la vocación de una Jurisdicción, por mandato de la Constitución, es buscar al máximo, escudriñar y rescatar la verdad sobre lo sucedido, y esa verdad, tratándose de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad, es supremamente dolorosa.

Afortunadamente, digo, la comunidad internacional tiene la serenidad suficiente para analizar cada paso que se da, con sentido crítico pero de manera muy tranquila, y por eso pueden analizar más objetivamente lo que está pasando.

¿De dónde saca la fuerza para enfrentar las críticas y los duros testimonios que tiene que escuchar, cómo se preparó para esta labor?

Soy abogada y elegí esta área porque siempre quise contribuir desde mi ejercicio profesional a que el conflicto armado interno que ha sufrido Colombia durante más de medio siglo se pueda superar por las vías que ofrece un Estado de Derecho. En esa dimensión, tuve la suerte de trabajar varios años en la Corte Constitucional como magistrada auxiliar y de ser procuradora delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos por ocho años. Luego fui parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que dio origen, primero, al Grupo y luego al Centro Nacional de Memoria Histórica, donde trabajé al lado de Gonzalo Sánchez.

Como puede ver, ha sido una vocación y una trayectoria ligada a estos temas, y el aprendizaje con las víctimas y las organizaciones, que tienen una capacidad de resiliencia impresionante, el ir a las comunidades más azotadas por el conflicto viendo cómo tramitan el dolor pero cómo al mismo tiempo logran recuperarse y reconstruirse como tejido social son una enseñanza que dan mucha fuerza para seguir adelante pese a las dificultades.

Finalmente, ¿cómo han trabajado durante la cuarentena, se han afectado los procesos que sigue la JEP?

Mantener a pleno la operación de la JEP ha sido un reto inmenso, pero lo hemos logrado gracias a que los servidores han asumido el trabajo virtual de forma responsable y a las herramientas tecnológicas dispuestas por la Secretaria Ejecutiva. Cuando el Gobierno emitió las normas correspondientes, eemitimos lo necesario para seguir trabajando. Si bien se suspendieron términos, hemos seguido avanzado, respetando el debido proceso. Las victimas y el país pueden tener la certeza de que seguimos adelante cumpliendo con nuestro mandato constitucional.

Caso ‘Santrich’

Hay quienes siguen responsabilizando a la JEP de que ‘Jesús Santrich’ haya evadido la Justicia. ¿Qué responde?

“En ese caso, la Corte Suprema de Justicia, incluso el propio Consejo de Estado y la JEP adoptaron medidas en el marco de la Constitución y la ley. Lo que le puedo decir es que nosotros, en lo que nos correspondió, mantuvimos, a través de la Sección de Revisión, una primera instancia, una garantía con la que él llegó al proceso, negociada en La Habana, que se denomina garantía de no extradición, porque esa Sala encontró que no tenía elementos probatorios suficientes para retirarlo.

Luego, ante los hechos que usted comenta, la Jurisdicción procedió a declararlo desertor manifiesto y a expulsarlo de manera inmediata de la Jurisdicción. Los jueces toman decisiones judiciales y se tienen que atener a ellas, ya la persona asume las consecuencias de las decisiones y actuaciones que asume en cada caso”.