Las consecuencias que podría tener la suspensión de polémico alcalde Daniel Quintero

El pasado viernes, tres días después de que la procuradora general, Margarita Cabello, anunciara que había sido suspendido de su cargo por un periodo de tres meses, por presunta participación en política, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, convocó una rueda de prensa frente a la sede del Ministerio Público en Bogotá, en la que anunció su estrategia jurídica para enfrentar la decisión en su contra. Las similitudes de su caso con el que vivió en 2013 el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuando fue destituido por el procurador de la época, Alejandro Ordóñez (hoy en día embajador ante la OEA), son muy significativas: tal como lo hizo Petro en su momento, Quintero anunció que acometerá una batalla jurídica en dos frentes, uno nacional y otro internacional. El primero, a través de una acción de tutela, y el foráneo, por medio de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Incluso, el abogado con el que contará Quintero, Héctor Alonso Carvajal, le fue sugerido por el propio Petro, de acuerdo con lo que reveló el suspendido Mandatario. ¿Significan estas similitudes que el caso del antioqueño seguirá el mismo ‘viacrucis’ que el del hoy candidato presidencial, que estuvo por siete años dando vueltas en los tribunales nacionales e internacionales y que incluyó más de mil tutelas, varias decisiones ordenando apartarlo del cargo y otras que lo restituían, así como una condena de la CIDH contra el país? ¿Puede ser esta controversia el trampolín para una futura candidatura presidencial de Quintero, como algunos analistas sugieren que ocurrió en el caso del líder del Pacto Histórico? Lea aquí: “Querían recuperar el poder a toda costa”: Quintero en platón de rechazo a su suspensión

Entre ‘tutelatón’ y la Corte

La primera estrategia que utilizó el entonces suspendido Alcalde de Bogotá para oponerse a su destitución fue inundar la justicia de tutelas. Las acciones, más de mil, no fueron presentadas por él directamente, sino por sus seguidores, lo que contribuyó a la congestión de la justicia en el país, pero tuvo resultados efectivos para Petro, puesto que varios centenares de ellas fueron falladas a su favor. “Muy seguramente va a haber una ‘tutelatón’, donde muchas personas van a interponer tutelas con el propósito de defender su derecho a elegir, artículo 40 de la Constitución Política, pero también el derecho a ser elegido de Daniel Quintero”, afirma David Ernesto Llinás, doctor en derecho de la Universidad Nacional. Por el momento, solo se conoce de una tutela presentada por el propio Quintero, que cursa en la sección segunda del Consejo de Estado, quizás porque la Corte Constitucional rechazó en el 2014 el uso de esta estrategia y señaló que el único habilitado para defender sus derechos era el suspendido, en ese entonces Gustavo Petro. De igual forma, Quintero solicitó como medida cautelar anular el nombramiento de Juan Camilo Restrepo, actual alto comisionado para la Paz, como mandatario encargado de Medellín.

Sin embargo, el Consejo de Estado negó levantar la suspensión argumentando que el “el actor no allegó prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos, que estima vulnerados, por la suspensión, de manera provisional, del ejercicio del cargo”. La otra vía jurídica resultó más efectiva para Petro. El entonces Alcalde logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una medida cautelar requiriendo a Colombia para que suspendiera de inmediato la decisión de la Procuraduría. Para que el líder de la izquierda finalmente volviera a su cargo y pudiera terminar su mandato, que iba hasta diciembre de 2015, fue necesaria una decisión adicional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el proceso ante la CIDH terminó dejando un pronunciamiento que obligó al Estado colombiano a redefinir el papel del Ministerio Público. “La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: solo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal”, afirmó la CIDH en esa oportunidad. Este precedente es el que de seguro invocará Quintero para tratar de obtener un resultado similar en la justicia interamericana. Aunque la procuradora Cabello ha asegurado que esta exigencia ya quedó subsanada con la reforma al Ministerio Público hecha en el Congreso hace algunos meses, expertos aseguran que este ente sigue teniendo el carácter de autoridad administrativa y no judicial, por lo cual el antioqueño no podía ser suspendido.

La discusión sigue abierta: de un lado se dice que la Procuraduría no tenía las facultades para suspender a Quintero, mientras que desde otro se apoya la medida.

Los efectos políticos

Más allá de toda la controversia jurídica, que probablemente se extenderá por meses o años, lo que sin duda traerá la decisión de suspender a Quintero serán efectos políticos, pues, como aseguran algunos analistas, podría impulsar una eventual candidatura presidencial suya, como ya lo hizo la decisión de 2013 con Petro. “Victimiza a Quintero frente a lo que él representa en términos electorales, que es el apoyo a Petro, recoge lo que sucedió con el exalcalde frente a la indignación, que es lo que ha sido el motor de la campaña de Petro. La indignación como emoción de resarcir y de hastío a la clase política puede ser la gota o la gasolina para que el candidato del Pacto puede ganar en primera vuelta”, afirma el consultor político Carlos Andrés Arias. Por otro lado, el también consultor político Álvaro Benedetti argumenta que “la opinión pública siempre tiende a ser solidaria con los débiles y, en este caso, Quintero se presenta como un personaje ciertamente incomprendido dentro de lo que es su perorata política y se hace víctima del sistema”. Agrega que este episodio puede darle en un futuro próximo “una buena carta para jugar en el escenario político nacional, entre otras cosas, porque se ha dicho entre pasillos y en algunos escenarios públicos que el suspendido Alcalde pretende ser el candidato del petrismo o de este proyecto político en el 2026”. Lo que sí advierte Benedetti es que la porción de la opinión que no simpatiza con Quintero sino con el Gobierno Nacional, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), por ejemplo, “hará lo posible para que justamente esta suspensión no lo beneficie, sino que, por el contrario, lo hunda”. Los analistas están de acuerdo en que la medida contra el Mandatario de Medellín también agudiza el clima de polarización política que vive Colombia, haciendo hincapié en las dos candidaturas de derecha e izquierda que lideran las encuestas: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Ahora bien, la procuradora Cabello tomó la misma determinación para el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, después de que presuntamente participó en política a favor de Gutiérrez, al señalar el pasado 13 de marzo, cuando se llevaron a cabo las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas: “Me identi…Fico con el Equipo por Colombia, lo que han hecho, por supuesto, por este país. Entonces, ahí estaremos, adelantando nuestro derecho fundamental al voto”. No obstante, ha sido evidente que este caso no ha tenido el mismo impacto mediático que el del antioqueño. “El peso político que tiene la Alcaldía de Medellín es absolutamente trascendental en la elección. No es lo mismo Ibagué que Medellín”, asegura Benedetti.

Qué dice el afectado

”Me destituyen del cargo sin el debido proceso, sin escucharme y una funcionaria que no tiene el poder para hacerlo. Si me quieren destituir, me tienen que llevar a juicio o me tienen que llevar a un proceso de elección”, indicó el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero. “Los ciudadanos de Medellín no quieren un alcalde que ellos no eligieron. Así sea para la confrontación típica y política que tradicionalmente ocurre en una ciudad, la gente la quiere hacer con quien eligieron, no con una persona nombrada”, agregó. De la misma manera, el antioqueño aseguró que tiene un equipo internacional con el cual ya ha avanzado en enviar alegatos a las entidades correspondientes para avanzar en su defensa. “No nos pueden ni callar, ni cercenar nuestro derecho de opinión. Si nosotros permitimos, si nosotros le entregamos el poder a la Procuradora, estamos renunciando a la democracia”, afirmó Quintero.