Ingresos y gastos de las campañas presidenciales: todos los aspirantes a la Casa de Nariño no han reportado cifras; así va el registro

Faltan dos semanas para la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia y todavía no hay un consolidado por parte de todas las candidaturas en cuanto a su financiación, lo que aumenta la preocupación por la transparencia económica de los comicios.

Este escenario se presenta a pesar de que, según lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, en la Resolución 10756 de 2026, todas las campañas políticas están en la obligación de reportar sus aportes y sus gastos a más tardar siete días después de ocurridos esos movimientos, por medio del aplicativo Cuentas Claras.

Hasta el cierre de esta edición, ocho de los doce candidatos vigentes han acatado la norma: Iván Cepeda declaró $ 15.000 millones en ingresos y $ 2648 millones en gastos; Abelardo de la Espriella reportó $ 32.000 millones por ingresos y $ 16.320 millones en gastos; Paloma Valencia hizo lo propio y declaró $30.000 millones por ingresos y $ 8003 millones en gastos.

Lo cierto es que el total de ingresos de las campañas para estas elecciones, con corte al 14 de mayo de 2026, era de $ 79.873 millones, con gastos que ascienden a $ 29.273 millones.

Según los reportes analizados por la Misión de Observación Electoral, MOE, la mayoría de los dineros que han ingresado a las campañas provienen de créditos bancarios y donaciones, como el caso de Fajardo.

Para Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, que le ha hace seguimiento a la financiación de las campañas presidenciales, este asunto ha sido un reto histórico en Colombia.

“Hemos tenido escándalos muy complejos, desde el ‘Proceso 8000’, Odebrecht, la ‘Ñeñe-política’, todo lo que ha pasado con la campaña del presidente Gustavo Petro, que es la única que ha avanzado hacia una sanción en firme por parte del Consejo Nacional Electoral”, menciona.

Esto último, en relación con la decisión tomada por ese tribunal en contra de la campaña presidencial del 2022 del actual Jefe de Estado, según la cual se habría superado por más de $5.300.000 los topes estipulados en materia de financiación.

Además, se le halló culpable de presuntos aportes por parte de fuentes prohibidas, entre las que se han mencionado la Unión Sindical Obrera (USO), con $ 379 millones, y el sindicato de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, con $ 500 millones, cifras que no habrían sido reportadas por los encargados de la financiación de esa campaña.

Según Hernández, estos escándalos se han convertido en un recordatorio de la importancia de asegurar mecanismos de transparencia en relación con las fuentes de financiación en tiempo real de las ‘empresas’ que se montan por parte de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.

Y añade un hecho clave: “Lo que hemos visto en la práctica es que la financiación de las campañas es uno de los factores que más incide en la manera como las personas que resultan elegidas gobiernan, toman decisiones, favorecen a unos y otros sectores”.

Por su parte, Álvaro Benedetti, consultor internacional, lo explica de esta manera, a propósito de los riesgos que podría traer consigo el conocimiento incompleto de estas cifras:

“Los aportantes no visibles podrían estar comprando el acceso futuro a la contratación, a la regulación, a nombramientos o a favores muy específicos en sectores económicos o de poder que les interese”.

Entre los otros riesgos, a su modo de ver, estaría lo que llama un “lavado de cara político de intereses privados”.

“La campaña siempre se vuelve una zona gris en donde los recursos legales, ilegales y paralegales pueden mezclarse antes de que el control institucional llegue, que, por lo general, llega muy tarde, si es que llega (...) Si el reporte aparece después de la elección, la sanción puede llegar cuando el daño evidentemente ya ocurrió, y esa ‘transparencia’ tardía no corrige el voto emitido por el ciudadano”, agrega.

Sin embargo, el analista político Alejandro Echeverry apunta otro elemento para entender los retrasos en los reportes de las campañas.

Según él, en muchas ocasiones los trámites administrativos que implican créditos, como validaciones por parte de bancos, hacen que se retrase la entrega de la información en la plataforma: “Hay una serie de arandelas y de procesos contables que, en algunas campañas, y dependiendo de los recursos que tengan, implican más tiempo. No porque los candidatos no hayan subido la información no quiere decir que estén haciendo algo ilegal. El proceso es tan engorroso y genera tanta desconfianza que, para no equivocarse con la revisión que hace el CNE para la reposición de votos, muchas de estas campañas se cuidan a la hora de hacer el trámite”.

Otro factor que explica la negativa por parte del resto de las campañas presidenciales por hacer públicas sus cifras, incluso cuando estarían obligadas por la Resolución 10756, tiene que ver con la zona difusa en la que esta opera en la práctica.

Frente a esto, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia indica: “A nuestro entendimiento, no hay una sanción previamente contemplada por parte de la autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral (...) Ese ha sido un tema que ha sido objeto de mucho debate. Yo creo que es un terreno difuso para quienes realizan las campañas y para quienes les hacemos seguimiento. Hemos recomendado varias veces al CNE que esa directriz pueda acompañarse de unos controles más efectivos, y eventualmente de unas sanciones”.

El peso de los escándalos de Petro

Una de las campañas que más se demoró en entregar las primeras cifras relacionadas con sus ingresos y gastos fue la del candidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda, quien ha sido reiterativo en el llamado a la austeridad en la financiación de su aspiración.

Frente a esa tardanza, el analista político y profesor de la Universidad Javeriana Cali, Felipe Jaramillo, opina que el énfasis que ha hecho la oposición sobre este asunto en la campaña de Gustavo Petro ha llevado a Cepeda a extremar la precaución: “Es posible que exista una mayor cautela alrededor de la divulgación de información financiera, especialmente en etapas tempranas de campaña o consulta interna”.

Y añade: “También puede existir un cálculo político orientado a entregar información fragmentaria o incompleta que, posteriormente, sea utilizada para construir narrativas de irregularidad”.

En opinión de este analista, esa falta de información sobre la financiación no es exclusiva de un sector político específico: “La debilidad en la rendición de cuentas atraviesa históricamente campañas de distintas corrientes ideológicas”.

Parte de las razones por las que Iván Cepeda habría extremado la precaución con respecto a sus números tendría que ver con las recientes investigaciones que le inició el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña durante la consulta interpartidista que disputó el 26 de octubre con la exministra de Salud Carolina Corcho.

Dentro de las medidas adoptadas, el CNE solicitó la copia íntegra del informe de ingresos y gastos de dicha campaña.

Acerca de cuánto podrían afectar estos antecedentes al aspirante presidencial por el Pacto Histórico, Felipe Jaramillo cree que, si bien podría traer consecuencias importantes si se encuentran irregularidades, en el ámbito político el impacto no sería similar.

“El CNE ha sido históricamente cuestionado por su nivel de politización, debido a que sus magistrados son elegidos a partir de cuotas partidistas. Eso hace que una parte importante de la ciudadanía y de los propios sectores políticos interpreten muchas decisiones del organismo bajo una lógica de disputa política más que exclusivamente técnica. Por eso, una investigación no necesariamente debilita electoralmente a un candidato”, asegura.

De igual forma plantea que en ciertos contextos puede incluso fortalecer narrativas de persecución política o victimización, especialmente entre electorados altamente polarizados.

Si bien para Andrés Hernández a estas alturas de la disputa por llegar a la Casa de Nariño tampoco pareciera repercutir negativamente en la campaña del aspirante progresista, los recientes escándalos relacionados con la campaña de Petro sí podría pasarle factura.

“Para esta campaña, esos antecedentes que tenemos en nuestra historia política pesan muchísimo más que en otros momentos. Ya no estamos hablando de hechos muy cuestionables que causaron mucha controversia pero que se quedaron sin un procesamiento suficiente por parte de la autoridad electoral. Estamos hablando de un tema que ya ha contado con un pronunciamiento y una decisión de fondo, que seguramente tendrá implicaciones penales en lo que respecta a la Fiscalía General de la Nación”, anota el director de Transparencia por Colombia.

Ahora bien, cabe recordar que este no es el único escándalo por el que se han encontrado culpables en campañas por la Presidencia de la República en los últimos años.

Según reveló la Fiscalía en 2023, la multinacional Odebrecht aportó $ 6585 millones para las aspiraciones de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014, a cambio de asegurar contratos para la construcción de la Ruta del Sol II.

Como resultado de esas investigaciones, Roberto Prieto, entonces gerente de la campaña de Santos, fue condenado a cinco años de prisión luego de aceptar los cargos.

Y los financiamientos provenientes de fuentes ilegales han estado presentes, según Alejandro Echeverry, desde la entrada en vigor de la Constitución del 91: “Parte de lo que hay que debatir es quién debe financiar estas campañas políticas y cuáles deberían ser los topes en términos de esa financiación”.

Y continúa: “Siempre generará suspicacias cómo se financian los candidatos, más allá de la orilla política a la que pertenezcan”.

El analista hace eco de las dinámicas clientelistas que entran en juego en épocas electorales para argumentar que el proceso democrático, tal y como está diseñado en la actualidad, favorece este tipo de irrupciones por parte de fuentes ilegales:

“Aquí hay una serie de agentes económicos que, de alguna manera, permean y debilitan el proceso democrático, especialmente en un país donde la gente históricamente no vota”, dice.

Según el analista Álvaro Benedetti, si bien el sistema electoral colombiano ha dado muestras de avanzar en materia de garantías para evitar que sigan ocurriendo casos de financiación ilegal, todavía no resulta suficiente.

“Hoy existen más herramientas de control, más vigilancia ciudadana, y a nivel terciario está el caso de la MOE. Pero sigue predominando una cultura de reporte tardío, de muy baja transparencia. En tiempo real no están articulados los mecanismos institucionales para hacer ese seguimiento”, opina.

Y agrega: “El tema de la financiación no es secundario. Es en ese momento en el que se define buena parte de las relaciones de poder en el país nacional, y especialmente en el territorial, porque es allí donde se mueven las maquinarias auspiciadas por quienes influyen en la contratación, la regulación y las decisiones de los gobiernos Nacional y territoriales”.

Sobre el futuro del seguimiento a estas cuentas y la responsabilidad de las campañas en la entrega de la información, el director de Transparencia por Colombia es enfático:

“Las campañas tienen contabilidades, tienen personas a cargo de esto, lo único que tienen que hacer es cargar la información en el aplicativo (Cuentas Claras) y entregarla a la ciudadanía. Estamos hablando de algo que podría ayudar a generar mucha más tranquilidad, confianza y transparencia desde las campañas sobre este proceso electoral en marcha”.