"Hay que preocuparse por Jamundí y por Buenaventura", advierte la Defensoría

La narrativa del proceso de paz tiene que ser que hay 10.500 personas que siguen en proceso, a 2500 que se fueron otra vez a hacer narcotráfico, extorsión, no los queremos, pero a este país no se le puede olvidar que más de 7000 armas fueron fundidas”.

Así reflexionó desde Cali el defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, ante la desaparición del escenario público del exlíder de las Farc, ‘Jesús Santrich’.

El funcionario, junto al Procurador General, Fernando Carrillo, lideró la ‘Mesa de protección a la vida de las lideresas sociales’, en la que quedó en claro que la violencia se ha ensañado con ellas: 20 defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas desde el 2018.

¿Con respecto a los líderes sociales, es mayor la violencia contra las mujeres que sobre los hombres?

Las cifras son de 20 mujeres asesinadas desde la expedición de la alerta temprana 026 del 2018, el gran problema que tenemos hoy es que, de una cifra superior a 900 amenazados entre abril de 2018 y abril de 2019, más del 50 % son mujeres. Entonces, es el momento oportuno para poder trabajar y ver cómo protegemos a estas mujeres. También ha habido trece atentados. La mayor problemática se da en Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Atlántico y Magdalena.

Nos toca trabajar para evitar que esas más de 400 mujeres líderes que están amenazadas no vean que el siguiente paso es su homicidio.

¿Pero qué hacer ante esa realidad de amenazas y asesinatos:
la ONU volvió a expresar su preocupación por lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia...
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Naciones Unidas también le dijo al Gobierno Nacional que la Defensoría del Pueblo había advertido las amenazas y esos homicidios, entonces la primera conclusión es: las alertas tempranas son alertas serias, contrastadas, desde el territorio, y las alertas son para atenderlas, como hacen el Alcalde de Cali y la Gobernadora del Valle, con quienes hemos trabajado muy bien.

El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo es un sistema de prevención que, con mucho rigor, les dice a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, que puede haber un riesgo en cierto sector y, si se toman las medidas, evitamos los asesinatos.

¿En el caso de María del Pilar Hurtado, la Defensoría se había dado cuenta de su situación?
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No. El 5 o 6 de junio salió un panfleto en Tierralta, un municipio que está advertido con una alerta temprana de noviembre del año pasado, diciendo hay un problema de riesgo para la población porque allá tenemos problemas de narcotráfico y de tierras. Ese panfleto tenía cuatro nombres propios y uno decía ‘la mujer del chatarrero’, nosotros lo remitimos al Ciprat, que es el mecanismo del Ministerio del Interior para reaccionar ante una alerta temprana, pero, desafortunadamente, no se tomaron las medidas y ocurrió el asesinato. Lo que hemos visto después, es que ella ejercía un liderazgo tratando de buscar una vivienda digna en Tierralta, que la había acogido, pero también en Puerto Tejada ejercía un liderazgo en la Mesa de Víctimas.

Pero lo más triste es que el de María del Pilar es un caso más...
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Lo que hicimos en Cali en la Mesa por la Vida es trabajar como Estado con la sociedad, que son ellas, para evitar que las asesinen. Toca seguir trabajando con mecanismos de autoprotección y seguir buscando esquemas colectivos de protección porque el Estado no le puede dar a todas carros blindados y chalecos antibalas, y tampoco es la solución porque, por ejemplo, un chaleco antibalas en el Naya no sirve para nada porque se muere de calor y no les pueden dar un carro blindado porque la vía es el río.

Así que hay que seguir trabajando, hay que tener mayor inteligencia en los organismos del Gobierno para advertir que hay un riesgo a los comunales, a los campesinos, a los directivos sindicales, porque el trabajo de nosotros es diferente, es de identificar un riesgo y advertirlo, no solo en seguridad, sino también en educación o en salud.

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¿Y en cuanto a los excombatientes, que también están siendo asesinados, qué se está haciendo?
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Nosotros hemos emitido unas 113 alertas desde la expedición del Decreto 2124 de diciembre de 2017. En 28 de ellas habíamos advertido el informe de riesgo para los excombatientes y apenas se firmó la Paz dijimos: ‘lo que no puede pasar es que se asesine a algún excombatiente de las Farc’, y ocurrió.

Eso no está bien, en Colombia no se puede asesinar ni amenazar a nadie, pero a los que están en el proceso, mucho menos, y ya vamos en una cifra superior a 120, pero aspiramos a que con esas medidas que se tomaron con el Gobierno y con la Fiscalía se acabe esta racha de asesinatos de excombatientes.

Hablando de derechos ciudadanos, aunque la Corte Constitucional ha proferido fallos de avanzada, ¿casos como el de la bandera LGBTI en Medellín muestran que en la práctica falta mucho en materia de igualdad de derechos?
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Yo estuve en la marcha y mi gran preocupación es que este país tiene que respetar los derechos de los terceros. La Defensoría salió, porque somos los defensores de todos los derechos.

Lo que ocurrió con la bandera en Medellín es un absurdo, porque es una falta de respeto, son expresiones de estigmatización y de polarización. El Defensor del Pueblo ha dicho: ‘paremos la brecha de polarización porque si no lo hacemos, en este país vamos a seguir estigmatizados y no vamos a salir adelante’. De modo que el llamado es a respetar al otro, a no estigmatizarnos y a que los dirigentes no polaricemos a la ciudadanía, porque si no, de ahí para abajo vamos a tener problemas.

Se aproximan las elecciones regionales y ya hay amenazas e incluso, asesinatos de candidatos. ¿Qué va a hacer la Defensoría?
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El deseo del Defensor es que ocurra lo del año pasado, que fueron las elecciones más tranquilas en los últimos 20 años. Ahora estamos trabajando en terreno, debemos tener una alerta temprana en próximas semanas. En el 2018 emitimos una alerta temprana en varios municipios y el Gobierno tomó medidas y evitó los escenarios de riesgo que había.

Esperamos que con las nuevas alertas, el Gobierno tenga dos o tres meses para tomar las medidas. Lo importante es que, como Estado y como Gobierno, trabajemos coordinados.

¿En el Valle hay algún municipio que les preocupe especialmente en materia de Derechos Humanos?
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Yo tengo preocupaciones en el Valle del Cauca porque tenemos alerta temprana, no en materia electoral, sino por todos los demás riesgos en Jamundí y en Buenaventura. Hay que preocuparse por Jamundí cuando se ve que es un corredor del narcotráfico, cuando un grupo de doce ciudadanos venidos del Norte de Santander, advertido por nosotros, se convirtió en el EPL del norte del Cauca. Hoy, ese grupo tiene, según fuentes de inteligencia policial y militar, entre 150 y 200.

Se debe preocupar uno por Buenaventura, por Jamundí y por el norte del Valle, que tiene muchos informes de riesgo. Hace tres semanas se encontraron dos cabezas de dos ciudadanos en unas bolsas negras.

¿Hasta dónde va a llegar la maldad de los colombianos?
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Tenemos que seguir caminando, reuniéndonos con la comunidad, con las autoridades y emitiendo estas alertas tempranas.

¿Y cómo analiza la desbordada migración venezolana?
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Hace tres años le advertimos al Gobierno Nacional que la migración iba a estar desbordada y no nos creyeron. Cuando uno se para en el puente Simón Bolívar, de Cúcuta, y ve que pasan miles de personas y luego en la noche se vuelven otras, que es lo que se llama la migración pendular, pero hace unos años se quedan 1000, 2000, y multiplicados por doce, son todos los ciudadanos que tenemos aquí.

El Defensor tiene una preocupación, pero está en un trabajo muy importante: presentamos un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado en dos debates, donde se le da la nacionalidad a los niños y niñas nacidos de padres venezolanos, porque tienen el riesgo de ser apátridas, ni son de acá ni son de allá y no cuesta un solo peso, porque un ciudadano venezolano que se acerque al Hospital Universitario del Valle lo atienden, entonces lo que queremos es que puedan tener sus documentos y su sistema de salud. Es un proyecto de humanidad, dejar garantizada la situación de los niños hasta el 2021. Aspiramos a que la situación en Venezuela cambie, para que los venezolanos no se vengan a Colombia, nadie se quiere ir de su tierra.

¿Cómo ve la situación de ‘Santrich’ y cree que puede afectar el proceso de paz?
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Yo le he dicho a ‘Iván Márquez’, a ‘el Paisa’, a ‘Romaña’, que se presenten a la justicia especial de paz, y hoy hay que decirle a ‘Santrich’ que tiene que creer en las instituciones y que se presente el 9 de julio a la Corte Suprema en beneficio de la paz que todos los colombianos queremos, pero la narrativa del proceso de paz tiene que ser que hay 10.500 personas que siguen en proceso, a 2500 que se fueron otra vez a hacer narcotráfico, extorsión, no los queremos, pero a este país no se le puede olvidar que más de 7000 armas fueron fundidas y esa es la narrativa que debemos manejar y tenemos que ponerle toda la fuerza y todo el empeño, en especial departamentos como el Cauca y Nariño. Colombia se merece la paz y el que no cree en la paz, no cree en los derechos humanos y el que no cree en los derechos humanos no cree en la paz.

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