¿Grado 12? Esta es la propuesta de reforma a la educación del Gobierno Nacional

Hoy, en el primer día de la nueva legislatura, el Gobierno anunciará dos proyectos de ley relacionados con el sector educativo, que buscan iniciar su socialización. El primero de ellos es la anunciada reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país. El segundo proyecto tiene como objetivo concebir todo el sistema educativo colombiano como un derecho fundamental en todos sus niveles.

A pesar de conocer poco de dicha iniciativa, por medio de sus declaraciones, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha dejado en evidencia algunos de los puntos que han sido discutidos y que, al parecer, se incluirían en el documento que presentarán.

El borrador de este último proyecto representa el compromiso del Gobierno, liderado por el Ministerio de Educación, para garantizar la educación como un derecho fundamental y establecer las condiciones necesarias para su protección.

Aunque el país ya reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación se considera “un derecho de la persona y un servicio público con función social”, según el artículo 67 de la Constitución. Por lo tanto, el nuevo proyecto define los criterios, principios y deberes del Estado para garantizar este derecho.

Una de las novedades más destacadas del proyecto es el reconocimiento del derecho a la educación en distintos niveles: desde la educación inicial hasta la educación superior. Para la educación superior, se busca que todos los que terminen la educación secundaria tengan acceso a programas técnicos, tecnólogos o profesionales.

El documento menciona: “El Estado financiará, ofrecerá y garantizará progresivamente el derecho a la educación superior de acuerdo con la regulación para su prestación en este nivel”.

Además, se aborda el tema de la educación media, proponiendo un sistema de articulación con niveles superiores y planteando la posibilidad de crear el grado duodécimo (12°).

Financiación de las universidades públicas

El financiamiento de las universidades públicas es uno de los puntos claves de la reforma, de hecho, fue el que la impulsó, ante el reclamo del movimiento estudiantil, profesores y rectores desde hace un tiempo.

Y es que en la actualidad, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), las universidades públicas cuentan con un déficit presupuestal que se estima en $18 billones.

Esto se debe a que anualmente el aumento de los presupuestos que asigna el Gobierno a las universidades se tasan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación), como lo ha establecido la Ley 30 en los artículos 86 y 87.

No obstante, los gastos de las universidades suelen ser, en promedio, de un 5%, es decir, que si en un año la inflación fue del 3%, los costos universitarios se eleven a un 8%.

Todo esto ha generado complicaciones en la situación financiera en las universidades, que incluso, en muchas ocasiones, a mitad de año ya se han gastado toda la asignación presupuestal anual.

Para resolver esta delicada situación, lo que han propuesto los rectores, que además ya fue consignado en un proyecto de ley que se adelanta en el Congreso, es que la base presupuestal se aumente anualmente según el Índice de Costos Universitarios del Dane.

Cabe mencionar que modificar este modelo de financiación es un gran consenso en las conversaciones de los actores del sector, sin embargo, el cómo va a ser el cálculo que se plantee en la reforma, es el que aún no ha quedado claro, pues, al ser un tema de dinero, se debe garantizar que existan los recursos para mantener este incremento.

Bienestar universitario

“El segundo eje principal de la reforma tiene que ver con el bienestar universitario, una preocupación de los estudiantes, quienes plantean que es fundamental”, afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara.

Sin tener mucha información del texto final, en los encuentros estudiantiles, reuniones o consejo comunitarios, se ha comentado sobre dignificar la comunidad educativa, idear un sistema nacional de restaurantes universitarios, reactivar las residencias universitarias, acompañamiento a la salud mental, tarifas de transporte diferenciales para estudiantes, guarderías para los hijos de los alumnos, entre otras.