Estos fueron los proyectos de ley que Miguel Uribe Turbay no alcanzó a aprobar en el Senado

Miguel Uribe Turbay, recordado por su postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y su activa participación en debates legislativos, también dejó huella por los proyectos de ley que impulsó durante su paso por el Senado. Sin embargo, su agenda legislativa quedó inconclusa debido al atentado que le costó la vida el pasado 7 de junio.

En la tercera legislatura, que no alcanzó a concluir, Uribe Turbay había logrado radicar tres proyectos clave.

El primero, denominado Proyecto de Ley para líderes sociales, buscaba establecer una Estrategia Integral y Oportuna de Atención para garantizar la protección efectiva de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en riesgo, fortaleciendo las medidas de seguridad y reacción inmediata frente a amenazas.

El segundo, conocido como PL Formación Técnica, proponía reorganizar el servicio público de la formación técnica en el país, actualizando y modificando las leyes 30 de 1992, 749 de 2002 y 1064 de 2006. El objetivo era ampliar la oferta educativa, fortalecer la calidad de los programas y responder mejor a las necesidades del mercado laboral.

El tercer proyecto radicado establecía el libre acceso del personal uniformado de la Fuerza Pública a todos los sistemas de transporte masivo del país, medida que buscaba facilitar su movilidad en el cumplimiento de sus funciones, optimizando tiempos y costos en su desplazamiento.

Además de estas tres iniciativas, el congresista tenía en trámite dos proyectos más: uno que adoptaba medidas de prevención, protección y sanción del acoso sexual digital, abordando una problemática en crecimiento con el uso de redes sociales, y otro que proponía reducir la tarifa del IVA en tiquetes aéreos para incentivar el turismo y disminuir los costos de viaje para los ciudadanos.

Uribe Turbay también trabajaba en la preparación de otras propuestas que no alcanzó a radicar. Entre ellas, una moratoria temporal en la exigencia de consultas previas para determinados proyectos minero-energéticos, con el fin de agilizar procesos de inversión.

Asimismo, una modificación a artículos del Código Penitenciario y Carcelario para mejorar la gestión en los centros de reclusión; y un plan para fomentar la formación de programadores en Colombia, incrementando el talento disponible en esta área estratégica para la economía digital.

Su fallecimiento dejó estas iniciativas en un punto de incertidumbre legislativa. Ahora dependerá de otros congresistas retomar su contenido, ajustarlo o presentarlo nuevamente, en un Congreso que aún mantiene sobre la mesa debates de alto impacto en materia de seguridad, economía, educación y tecnología.