¿Está el estatuto anticorrupción destinado a morir en el Congreso?

La ‘perla’ con la que cerró la primera legislatura del Congreso de la República no podría ser otra sino el hundimiento de la ley anticorrupción, un verdadero ‘Frankenstein’ legislativo en que terminó convertido el proyecto de ley radicado en julio de 2017 por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.

La norma, buscaba fortalecer algunos castigos contra los delitos de corrupción, pero con el paso de los meses sirvió de ‘escampadero’ para tramitar varias de las normas que se buscaron aprobar en la consulta anticorrupción.

El primer inconveniente del proyecto fue que se discutió en dos legislaturas diferentes. Más aún: por dos congresos diferentes. Sus dos primeros debates se dieron en junio de 2018, cuando la Comisión I de la Cámara y la plenaria aprobaron el articulado original sin muchas discusiones.

Ya en julio de 2018, y con un Congreso nuevo, el proyecto llegó al Senado, pero su temario se cruzó con la consulta anticorrupción, que se hundió, pero parte de sus propuestas se salvaron en una mesa nacional que convocó el presidente Iván Duque.

De ahí fue que el proyecto o estatuto anticorrupción de la Fiscalía, en abril de 2019, se vislumbró como la salida para que recogiera parte de esa agenda pactada en la mesa técnica.

El primer gran escollo que se tuvo fue la renuncia de Martínez. Y luego, que el proyecto suscitó más de 80 impedimentos de los senadores.
Los mismos fueron tramitados por el presidente de la corporación, Ernesto Macías, uno a uno, lo que llevó a que se discutieran en por lo menos seis sesiones plenarias, durante tres semanas.

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Ayer, en medio del debate de las responsabilidades, el senador liberal Luis Fernando Velasco indicó un momento clave que tuvo este proyecto para que perdiera su consecutividad, es decir, que la misma línea de discusión con el cual arrancó en la Cámara.

Velasco dijo que el Congreso le debe decir la verdad al país sobre la ley para que se conozca que el tema de quitar la casa por cárcel se iba a caer.
“Acá se hizo un gran debate del artículo de casa por cárcel, ese artículo nunca tuvo posibilidades de vida, eso no se votó en la Cámara. Digamos la verdad a la gente: ese artículo se metió en último momento en la Comisión Primera, va servir para insultar, para los memes, esa proposición no tenía ningún futuro, hay un principio de consecutividad, los temas que no se debaten en una cámara no se pueden meter en la otra”, indicó.

El enredo de los últimos tres días dejó en claro que la ley tenía muy difícil la posibilidad de que fuera aprobada en la conciliación, esto porque en su paso por la Cámara debían discutirse los impedimentos de los representantes, como también tres recusaciones que salieron a último momento.

Pero si hasta ahí el trámite de este proyecto ya era toda una novela, lo que pasó en su último momento, la conciliación, fue considerado una verdadero drama tragicómico: la aparición de un conciliador a quien nadie nombró pero que terminó pactando un texto cuando no tenía porqué hacerlo.

Se trató de Gabriel Vallejo, un representante del Centro Democrático, a quien según indicó, la propia ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo que debía hacer la conciliación con el senador Germán Varón. La designación oficial en la Cámara le correspondió a Jairo Cristo, de Cambio Radical, quien nunca se llegó a sentar con Varón.

Y en medio de esa discusión, la pelota de la responsabilidad de esa conciliación quedó en el cruce de cartas para saber quién, si el Senado o la Cámara había designado con tiempo a los ponentes de la conciliación.
Al final de este grotesco episodio quedó en evidencia que fue una ley de la que se hablaba mucho de dientes para afuera, pero en la intención real no tuvo muchos amigos.

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Luego de lamentar que se haya hundido en el último momento legislativo la ley anticorrupción, el Gobierno nacional anticipó que volverá a insistir en que el Congreso de la República vote las leyes necesarias, para lo cual llamó a un acuerdo nacional. Así lo anunció la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, quien indicó que el Gobierno Nacional “presentará un nuevo paquete normativo a partir del 20 de julio que recoja los elementos más importantes de los proyectos que se han caído e incorpore elementos como: beneficiarios reales; facultad no solo en cabeza de la Fiscalía sino de la Contraloría y Procuraduría de ejercer extinción de dominio por iniciativa propia o a solicitud de la Secretaría de Transparencia; recompensas y protección a quienes informen sobre los mismos”.

La vicepresidente indicó, además, que “por eso hacemos un llamado de urgencia a los presidentes y a los partidos políticos, voceros de la Consulta Anticorrupción, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, y a cada uno de los congresistas de Senado y Cámara, para que hagamos un frente común y presentemos un nuevo proyecto de ley, robusto con mensaje de urgencia, e insistir hasta el último día”.