Defensoría del Pueblo advierte riesgos para la libertad electoral en las próximas elecciones: hay riesgo en el Valle

La Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 y concluyó que la respuesta institucional frente a los riesgos para los comicios de 2026 registra un cumplimiento parcial.

El documento advierte que persisten amenazas en varias regiones del país por el afianzamiento de estructuras armadas ilegales.

Para la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la preocupación central “no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país”.

Según mencionó, “el riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”.

El informe indica que, de las 11 recomendaciones emitidas en la alerta, el cumplimiento general fue del 42 por ciento.

“Esas once recomendaciones tuvieron un cumplimiento, según la información estatal recibida, del 42 %. Y una desatención a las recomendaciones del 58 %. La recomendación más rezagada, con cero cumplimiento, fue la del fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas”, enfatizó la Defensora del Pueblo.

En prevención y protección se reporta un avance del 52 %, en investigación y acceso a la justicia 55 %, en acciones de la fuerza pública 65 %, en articulación interinstitucional 29 % y en gestiones preventivas del Ministerio Público 65 %.

La coacción electoral se concentra en las macrorregiones Caribe, Noroccidente y Suroccidente, que incluyen departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

“Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, aseguró Marín.

En cuanto a los llamados a la acción, en la ATE de 2025 se hizo un llamado a la acción inmediata para 62 municipios, pero el Informe de Seguimiento evidencia un aumento a 69. La acción urgente pasó de 162 a 168 municipios y la prioritaria de 425 a 433. La observación permanente se redujo de 216 a 195 municipios, mientras que la acción ordinaria se mantuvo en 257.

El Informe de Seguimiento da cuenta de 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral, con mayor gravedad en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

La Defensoría formuló nueve nuevas recomendaciones y reiteró el llamado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a la Procuraduría para fortalecer la respuesta institucional y garantizar condiciones de participación política en 2026.