Críticas al Gobierno Petro por su ausencia en asamblea de la OEA contra Nicaragua

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido foco de duras críticas por la ausencia de la delegación colombiana en el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que los países condenaron a Nicaragua por "el hostigamiento" a la Iglesia católica y la persecución de la prensa y las oenegés.

En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización, adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

Hubo dos delegaciones ausentes: la de Nicaragua, como era de esperar, y la de Colombia.

Uno de los primeros en criticar la ausencia fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien manifestó en su cuenta de Twitter que era una "gran vergüenza" que Colombia se haya abstenido de condenar la violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega.

"La posición de Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega, es una gran vergüenza. Así no", dijo Fajardo.

Otra de las críticas fue del representante por el Centro Democrático Andrés Forero, quien calificó este hecho como "vergonzoso debut de Gustavo Petro en la OEA".

Por su parte, el exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto Loaiza escribió: "Empiezan mal, como era de esperarse, este gobierno y esta Cancillería".

Cabe recordar que desde el pasado 8 de julio, Petro designó a Luis Ernesto Vargas como nuevo embajador del país ante la OEA, en reemplazo de Alejandro Ordóñez, designado por el gobierno del expresidente Duque y quien salió de la Organización el pasado 3 de agosto.

Vargas se defendió diciendo que aún no han sido nombrados oficialmente para asumir el cargo en la OEA de manera oficial.

“Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión pero ya nos están imputando omisiones”, escribió en su cuenta de Twitter.

El gobierno nicaragüense critica a los sacerdotes desde las protestas opositoras de 2018, por haber dado refugio a los manifestantes heridos o que huían de la represión que se saldó con 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortega consideró aquellas protestas un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y la complicidad de los obispos.

La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, denunció en la sesión "la nueva arremetida contra la Iglesia" y el caso del obispo Rolando Álvarez, retenido en la curia y a quien la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, acusa de cometer "crímenes de lesa espiritualidad".

La prensa también se halla bajo el yugo de la mordaza.

"La escalada represiva contra la prensa independiente ha generado zonas de silencio mediático" y el acceso a las fuentes periodísticas se ha convertido en un calvario "por el temor generalizado de la población a expresarse", aseguró la presidenta de la CIDH, que en las últimas semanas tuvo constancia del "exilio forzado de periodistas", incluida toda la redacción del diario La Prensa.

La OEA pide que Nicaragua "cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", al tiempo que condena "el cierre forzado" de casi 1.300 oenegés, según el secretario general de la organización, Luis Almagro.

Además, Nicaragua debe "liberar de inmediato a todos los presos políticos", insiste la OEA, en alusión a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que buscaban retar a Ortega en las elecciones de noviembre, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo.

El 18 de ese mes Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, que le recuerda que debe cumplir con sus obligaciones hasta el 18 de noviembre de 2023, cuando se haría efectiva su retirada.