Corte Suprema investigará a la senadora Isabel Zuleta por presuntas extralimitaciones en diálogos con bandas en Medellín

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública y la citó a indagatoria para determinar si excedió las competencias que le habían sido asignadas como coordinadora del Gobierno Nacional en los diálogos sociojurídicos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

La investigación se concentra en el papel que cumplió la congresista durante un procedimiento realizado el pasado 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá, al que Zuleta ingresó junto con funcionarios de la Fiscalía.

Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, con la que se presume, sería asesinado el máximo jefe de los ‘Comandos de la Frontera’, cuya ubicación, según la Corte, habría sido informada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.

El alto tribunal busca establecer si la participación de la senadora en ese procedimiento estaba comprendida dentro de las funciones que le fueron otorgadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que la designaron como coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá.

En particular, la Sala deberá determinar cuál era el alcance de esas competencias y si la actuación de Zuleta durante el procedimiento penitenciario se ajustó a ellas, o si por el contrario, extralimitó sus funciones.

Esta se suma a recientes investigaciones que la Corte Suprema ha adelantado contra la senadora, pues en abril de este año, el presidente del alto tribunal informó que Zuleta tenía cuatro indagaciones previas relacionadas con distintos episodios, entre ellos denuncias de la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y hechos relacionados con los procesos de diálogo con estructuras criminales.

Dentro de las investigaciones, destacó la participación de la senadora en el llamado “Tarimazo”, en el que tres jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia un acto público realizado en La Alpujarra, Medellín, el 21 de junio de 2025, para participar junto al entonces presidente Gustavo Petro.

Por esos hechos, el Consejo de Estado estudió demandas de pérdida de investidura contra Zuleta, sin embargo, negó las solicitudes al considerar que no se acreditó el tráfico de influencias ni la utilización de su condición de congresista para obtener los traslados.