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¿Cómo afecta la gobernabilidad y la agenda legislativa el escándalo?

Por Carlos Charry*

Las recientes declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dentro del proceso de investigación por tráfico de influencias y la presunta entrega de dádivas a congresistas para la aprobación de proyectos estratégicos, han desatado una tormenta política que muchos llaman “escándalo”.

Y la razón de ello es que el testimonio ofrecido por Benavides confirma elementos claves de lo expuesto y denunciado meses atrás por Sneyder Pinilla y Olmedo López, asesor y exdirector de la Ungrd, este último nombrado por la Presidencia.

Lo que se confirma es que el entonces ministro Bonilla sabía de la presunta operación ilícita. En palabras de Benavides, “todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera”.

Si bien es responsabilidad de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara esclarecer la profundidad y las dimensiones de este asunto, lo cierto es que, más allá de los debates y las controversias jurídicas que se generen, este hecho marca un hito dentro de un gobierno que llegó al poder montado en la ola de la indignación de miles de jóvenes que demandaban mayor trasparencia y un mejor manejo de los recursos públicos.

Pero en el fondo de todo este asunto subyace la pérdida de legitimidad y de la confianza entre el Gobierno Nacional y el Congreso, la cual no solo es necesaria, sino que es determinante para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de todo mandatario.

En Colombia, los últimos gobiernos han hecho gala de un marcado, pero débil y poco efectivo presidencialismo, que redunda en mandatarios que sucumben ante las mareas políticas y las presiones del Legislativo. Todo lo cual es producto de no lograrse las coaliciones y acuerdos programáticos que garanticen una gobernabilidad coherente, responsable y duradera.

Si bien las relaciones del Ejecutivo con el Congreso ya venían seriamente fracturadas desde antes de las elecciones regionales de 2023, donde el partido de gobierno no logró conseguir ni una sola alcaldía o gobernación electoralmente influyente, dicha relación se venía recomponiendo a partir de la aprobación de algunos proyectos de ley estratégicos, tales como la reforma al Sistema General de Participaciones o la reforma laboral.

Pero las declaraciones de Benavides volvieron a poner en el congelador una relación de por sí maltrecha, profundizando con ello el distanciamiento, al punto que varios congresistas anunciaron rápidamente su voto negativo al proyecto de ley de financiamiento que lideraba Bonilla.

Pero este no es el único caso. Se suman el polémico regreso de Armando Benedetti como asesor presidencial, decisión que generó controversia y descontento en las propias filas del petrismo; o la inesperada salida del director de la Superintendencia de Salud, Luis Carlos Leal, tras las denuncias que este hizo ante Fiscalía, en donde se acusaba de corrupción a los interventores designados por el Gobierno para “salvar” las finanzas de las EPS.

Así las cosas, lo que se avecina es que todas las iniciativas y los proyectos de ley que este Gobierno pase estarán bajo la sospecha inminente de la opinión pública, del Congreso y de los entes de control, haciendo con ello más engorrosa su capacidad de acción y más incierto su poder de ejecución.

*director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.