¿Cómo detener el asesinato de líderes sociales en el país?, este es el plan del Gobierno

¿Cómo detener el asesinato de líderes sociales en el país?, este es el plan del Gobierno

Enero 13, 2019 - 11:10 p.m. Por:
Colprensa
Velatón en el centro por el asesinato de líderes sociales

Miles de colombianos han protestado en distintas oportunidades por los constantes asesinatos a líderes sociales ocurridos en distintas regiones del país.

Foto: Oswaldo Páez / El País

"Recibí un mensaje directo en el que me decían que me iban a matar; que si no me mataban a mí, matarían a mis hijos". Así recuerda Edgardo Flórez la amenaza que grupos al margen de la ley le hicieron el año pasado.

Él es uno de los cientos de líderes sociales que defienden los derechos humanos en el territorio nacional. Vive en el corregimiento de El Salado, en el municipio Carmen de Bolívar, y ha sido intimidado dos veces: en junio del año pasado y en agosto, cuando vincularon a sus familiares.

Según Flórez, la primera se dio por cuenta de unas denuncias que realizó por hechos de extorsión en la zona del departamento de Bolívar donde vive y por las cuales el Gaula Militar generó una serie de capturas, y la segunda fue una advertencia por lo ocurrido en junio.

Si bien aseguró sentirse desamparado por el Gobierno Nacional, dice que no escatimará esfuerzos al denunciar lo que hoy no le permite salir adelante a la sociedad que lo vio crecer.

Lea además: "No permitiré que bandas criminales sigan atentando contra líderes", dice Iván Duque

Pero Flórez teme por la vida de su familia, pues aseguró que, pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP) fomenta esquemas de seguridad, estos son insuficientes.

“Lo que ha hecho es levantar medidas sin mayor fundamento y el interés ya no está en tener un carro o un escolta, sino en que se nos brinde una protección integral”, se lamentó por la situación que también afecta al menos 160 personas más de su región.

Y aseguró que “no hay una sensación de seguridad para nosotros, porque vemos muy pocas opciones. Hemos estado solicitando al Gobierno que se monte pie de fuerza en el territorio, porque hay personal extraño y ajeno a las comunidades, pero no se nos ha prestado atención”.

Para Flórez es evidente que algunas autoridades han querido apoyar la labor que realizan, pero que las mismas se truncaron con el cambio de Gobierno. “El año pasado se realizó una reunión con el Ministro del Interior saliente, se habló de que se continuaría con talleres de integración y protección para nosotros, pero salió de su cargo y junto con él se fueron las propuestas”.

Por eso ahora el líder social pide “una estrategia más de prevención y de acciones; que se trabaje con inteligencia para prevenir los hechos que estamos denunciando en el territorio”.

Según lo expuesto, en la zona hacen presencia personas vinculadas con estructuras dedicadas a los delitos de narcotráfico, fleteo, extorsión y sicariato. “En cuanto al tema de quienes son: aquí hay de todo”, dice Flórez.

Tarea del Gobierno

Las autoridades ya tienen la lupa puesta en la epidemia de asesinatos que promete ser uno de los retos del actual Gobierno. Un reporte de la Defensoría del Pueblo anunció que hasta la fecha han asesinado siete líderes sociales en Meta, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena y Caquetá.

En una reunión que el viernes pasado sostuvieron el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el procurador general, Fernando Carrillo; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el presidente Iván Duque, se indicó que las cifras dan cuenta de 238 líderes sociales asesinados desde enero de 2016.

Allí Martínez reconoció que el 50 % de los líderes asesinados son miembros de las Juntas de Acción Comunal. “Se puede deducir que se trata de una sistematicidad masiva. Esa afectación la producen los grupos armados residuales, el ELN y el ‘Clan del Golfo’”.

Según él, en materia de esclarecimientos de los homicidios, la Fiscalía da cuenta del 53 % de los casos, de los cuales, algunos están en etapa de juicio, imputaciones y en 30 se han promovido órdenes de captura.

A su vez, el presidente Duque rechazó de manera categórica uno a uno los asesinatos perpetrados contra los defensores de derechos humanos y añadió que hay más de 3000 líderes que tienen protección de la UNP, por lo que su Gobierno está presto a fortalecer los instrumentos que tiene la Fuerza Pública para evitar que casos como los ya ocurridos se vuelvan a presentar.

El procurador Carrillo anunció que en los próximos días instalarán ‘La Mesa Por La Vida’, con la que pretende evitar que la epidemia de los asesinatos siga aumentando y agregó que es necesario visibilizar qué ha ocurrido en las diferentes regiones del país en relación a los atentados contra los defensores de derechos humanos.

“Hemos dicho que no solo hay responsabilidad de la Fuerza Pública sino también de alcaldes locales, ha habido casos en donde se han hecho acusaciones y sobre estas trabajamos para determinar la responsabilidad en la misma”, manifestó respecto a la cifra de asesinatos durante este año.

Del mismo modo, la Defensoría adelantará una audiencia en la que se actualizarán los escenarios de riesgo que enfrentan los activistas y se revisará el cumplimiento por parte del Estado de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.

Según Negret, el objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los líderes de quienes representan a las comunidades. “Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado”.

A su juicio, la máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo se han materializado ante los ojos de todas las autoridades, como viene sucediendo desde marzo del 2017.

La tarea

”Estamos generando una armonización de acciones para dar resultados concretos en el territorio. Esperamos, a comienzos del mes de febrero, entregarle al presidente Iván Duque un reporte de todas las acciones realizadas y lograr conjurar este problema que nos duele y nos atañe a todos”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Agregó que a partir de esta semana el Gobierno Nacional empezará a visitar los territorios más afectados con el fenómeno de asesinato a líderes sociales.

Se priorizarán subregiones como el Bajo Cauca antioqueño, Montes de María, Catatumbo y Bajo Atrato. La primera inspección se hará en Caucasia (Antioquia). 

A finales del año pasado se visitaron Ricaurte (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).

El caso de Alfamir Castillo

“No creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo. La muerte te ronda y tú no lo crees. Ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. Todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar. Muere…muere…muere”.

Es uno de los mensajes que le han dirigido a Alfamir Castillo, madre de una de las víctimas de los ‘falsos positivos’ que ha luchado para que se conozca la verdad de ese episodio de la vida nacional.

Las intimidades se han incrementado desde octubre pasado, recuerda el abogado Germán Romero, quien ha acompañado el proceso de la lideresa que fue blanco de un atentado el viernes en la noche, cuando la camioneta en la que se movilizaba entre Palmira y Pradera, Valle del Cauca, fue baleada en tres oportunidades. Castillo y sus acompañantes resultaron ilesos.

“(Alfamir) desde 2012 ha sido víctima de amenazas, hostigamientos, desplazamiento forzado, obligada al exilio y dos atentados, siempre en el marco de las audiencias penales contra integrantes del Ejército, hechos por los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para que el Estado colombiano adopte medidas efectivas para su protección”, advierte un comunicado conjunto de las organizaciones de derechos humanos en el país.

El pronunciamiento se conoció luego de que la JEP pidió medidas efectivas de protección en contra de Castillo, quien hace parte del grupo de víctimas del voluminoso expediente de esa entidad conocido como caso 003, que hace referencia a las muertes por ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante el conflicto armado, en el que está involucrado el general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército, quien se sometió a ese tribunal.

Tras conocerse el atentado, el procurador Carrillo señaló en Twitter que “es indispensable fortalecer los mecanismos de protección a víctimas y líderes sociales. No más sangre de líderes valientes bañando a nuestro país. Exigimos acciones inmediatas para proteger la vida de Alfamir Castillo Bermúdez”.

Lea además: "No permitiré que bandas criminales sigan atentando contra líderes", dice Iván Duque

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad