Cámara de Representantes pidió más plazo para entregar actas de la reforma pensional

Pese a que ya se han cumplido casi tres meses desde que la Corte Constitucional le solicitó por primera vez a la Presidencia de la Cámara de Representantes presentar las actas de las plenarias en las que se aprobó la polémica reforma pensional, este trámite parece seguir en vilo.

La última solicitud de este tipo hecha por el alto tribunal tiene fecha del pasado 9 de septiembre. Sin embargo, solo unos días después, la Cámara pidió una “prórroga en el tiempo” bajo el argumento de la cantidad de información que se requiere para presentar esos documentos.

El presidente de esa corporación, Julián López, fue quien le envió dicha solicitud a la Corte, en un oficio firmado el pasado 12 de septiembre.

“Con el fin de dar respuesta al oficio de la referencia, por medio del cual comunica lo resuelto en el auto de fecha 9 de septiembre de 2025, donde actúa como ponente el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez Najar; al respecto me permito solicitar prórroga en el tiempo, debido al alto volumen de la información”, señaló López en la misiva.

La Corte Constitucional ha pedido en múltiples ocasiones la certificación de la aprobación o no aprobación de las actas de las sesiones plenarias de los días 27 y 28 de junio de 2025, un documento que considera indispensable para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 841 de 2025.

El auto insiste en que se remita copia de los órdenes del día en los que se incluyó la aprobación de las actas, un pedido que ha sido reiterado en autos anteriores del 11 y 25 de agosto de 2025.

Según ha mencionado el magistrado Ibáñez Najar, la ausencia de estos documentos “impide a esta Corte contar con un acervo probatorio completo y fidedigno”.

El nuevo plazo para la entrega de la documentación era de dos días hábiles a partir de la recepción del auto. La Corte requiere una certificación que indique si las actas fueron aprobadas o no, la fecha en que se tomó la decisión, el número de votos necesarios y los obtenidos para su aprobación y las razones si alguna de las actas aún está pendiente de ser avalada.

Este nuevo requerimiento se produce en medio de un tenso proceso de revisión de la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.

El trámite legislativo de esta ley fue demandado por la ciudadana Paloma Valencia, quien argumentó que se eludió el debate en la Cámara de Representantes. La Corte Constitucional ya había encontrado un vicio de procedimiento y ordenó a la Cámara subsanarlo, lo cual, supuestamente, ya se surtió.