Así avanza el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria en el Congreso

En una sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, se aprobó este miércoles gran parte del articulado del Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una iniciativa clave para la justicia en el campo colombiano.

Esta nueva jurisdicción será una herramienta especializada en la resolución de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, contratos agrarios y otros temas agrarios, y está incluida en la Constitución desde el Acto Legislativo No. 03 de 2023.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que el proyecto ha sido consensuado con la ministra de Agricultura, la ministra de Justicia y el Ministerio del Interior, y subrayó que la iniciativa cuenta con mensaje de urgencia.

“Este proyecto tiene mensaje de urgencia y esperamos avanzar en la discusión”, expresó Cristo tras la aprobación de la ponencia.

El debate continuará este jueves, 5 de diciembre, con la discusión y votación del articulado en las plenarias, con el objetivo de que la ley sea aprobada antes del 13 de diciembre, cumpliendo con los plazos establecidos para su trámite legislativo.

“El establecimiento de esta jurisdicción busca eliminar las barreras que enfrentan las comunidades rurales para acceder a la justicia, reconociendo la especial protección que merecen campesinos y grupos étnicos”, señala el documento oficial del proyecto.

El proyecto de ley, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, busca reglamentar las competencias y los procedimientos de la Jurisdicción Agraria, definida en la Ley Estatutaria de 2023 como una herramienta para atender las particularidades del campo colombiano.

Sin embargo, este proyecto de ley para la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural ha generado debate en torno a tres artículos que, según expertos y sectores políticos, podrían definir el éxito o fracaso de la iniciativa, como lo son la creación de jueces y facilitadores agrarios, la expropiación y las facultades de los jueces para dictar medidas cautelares sobre predios considerados invadidos y que son baldíos.

*Con información de Colprensa.