Angie Rodríguez es respaldada por el electo Abelardo De La Espriella tras denuncias contra el presidente Gustavo Petro

Un agitado choque político y judicial se desató tras los graves señalamientos formulados por la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, sobre presuntas irregularidades y redes de influencia dentro del Ejecutivo. El escenario escaló rápidamente tras la intervención del mandatario electo Abelardo De La Espriella, quien exigió de manera tajante la actuación inmediata de las autoridades judiciales y esquemas de seguridad reforzados para la denunciante.

El líder entrante remitió un mensaje urgente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para recepcionar de manera prioritaria la declaración de la alta funcionaria.

Asimismo, el Presidente electo impartió instrucciones públicas al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al futuro director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, solicitando garantizar la integridad física de la denunciante tan pronto asuman el mando oficial.

Frente a la solicitud de acompañamiento, la propia titular de la entidad ambiental reconoció el temor persistente por su vida tras revelar que tuvo que sacar del país a sus propios padres debido a múltiples llamadas e intromisiones sospechosas en su vivienda familiar.

La directiva sostuvo que las alertas de seguridad incrementaron tras reiterar sus cuestionamientos hacia la actuación de la funcionaria Juliana Guerrero, a quien acusa de presidir una estructura informal para exigir dineros a cambio de la gestión de contratos estatales.

Ante la ola de señalamientos, el presidente saliente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente a través de sus canales oficiales para desestimar las denuncias e impugnar la credibilidad de su antigua colaboradora.

El jefe de Estado publicó una serie de comunicaciones institucionales firmadas por la secretaria general encargada de la entidad, Enny Marlenis Serna Romaña, en las que expuso detalles sobre la condición médica de la servidora para justificar una solicitud formal de insubsistencia dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

En el documento revelado se detalla que la funcionaria estuvo amparada por la Resolución 1457 del 23 de junio de 2026, la cual delegó temporalmente la representación legal del organismo a Juan Sebastián Loaiza Gaultero. Posteriormente, la Resolución 234 fijó una prórroga de diez días de incapacidad médica especializada en psiquiatría, lapso transcurrido entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2026.

El mandatario saliente argumentó además que los movimientos financieros criticados responden a la necesidad prioritaria de canalizar recursos para garantizar agua potable frente a la inminente sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Según la versión presidencial, la redistribución presupuestal busca salvar vidas y no responde a maniobras irregulares ni a la asignación de esquemas de seguridad privada para allegados.

Por su parte, la funcionaria reafirmó que acudirá a los estrados judiciales para interponer acciones legales contra el decreto que trasladó los fondos originalmente asignados a la contención de emergencias en la subregión de La Mojana.