Robo descarado

Los muertos en Colombia ya no solo votan en las elecciones: también reciben los mercados destinados a los damnificados por el coronavirus.

Como los que repartieron contratistas del Instituto de Bienestar Familiar a 15.580 personas fallecidas en diferentes departamentos del país, incluido el Valle.

Muertos ‘revividos’ a los que se suman más casos insólitos como el de la madre con 172 hijos que también resultó beneficiada, o el acudiente que recibió los paquetes a nombre de 195 niños, a lo que se añade duplicidad en las entregas, suplantaciones y contratos que no cumplían los requisitos.

En la situación actual nadie le dice que no a las ayudas que se les brindan a los más afectados por la pandemia; son millones de colombianos que se quedaron sin empleo y miles de familias que no tienen ni siquiera para comer.

El problema es que detrás de esa aceptación general están las garras de la corrupción que no pierde oportunidad para quedarse con los recursos públicos.

La cuestión es cómo el Icbf permitió que una situación de tal gravedad ocurriera.

Y por qué la Contraloría General de la República apenas ahora informa sobre las irregularidades cuando se pudo evitar ese robo que le costó a la Nación $2241 millones.

Los recursos del Estado no están para ser dilapidados ni para que la corrupción se los robe, impidiendo que lleguen a quienes tanto los necesitan.