Perú y la corrupción

A Pedro Chavarry, el fiscal general de Perú, no le quedó otra opción que revertir su decisión de declarar insubsistentes a los dos fiscales que llevan el caso de corrupción de Odebrecht en su país.

A ello lo obligó la ola de protestas que se generaron luego de conocerse el decreto firmado el 31 de diciembreen el que separaba definitivamente de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial del caso Lava Jato, que investiga a la multinacional brasileña.

Vela y Pérez han sido reconocidos por su independencia, por los avances de cooperación conseguidos y por la seriedad con la que han llevado el caso, en el que están involucrados, entre otros, todos los últimos expresidentes peruanos al igual que líderes políticos como la excongresista Keiko Fujimori.

Por ello, no cayeron bien las razones expuestas por Chavarry para removerlos de sus cargos, entre ellas las de haber vulnerado la jerarquía de la institución al cuestionarlo por sus presuntas injerencias en el caso.

Si bien el Fiscal debió echar para atrás su decisión, la situación está lejos de normalizarse toda vez que el presidente Martín Vizcarra mantuvo su solicitud al Congreso para que se declare en estado de emergencia al Ministerio Público, al considerar que la decisión del Fiscal General puso en riesgo el proceso contra Odebrecht y debilita la lucha contra la corrupción en su país que ha tocado a las más altas esferas del poder público.