El pasado no perdona

En un hecho bochornoso, Rodrigo Granda Escobar, quien fungió como canciller de las Farc e hizo parte de la comisión negociadora de esa guerrilla en La Habana, fue detenido en México el martes pasado.

El hecho se produjo por la activación de una circular roja de la Interpol a petición del gobierno de Paraguay, país en el que fue condenado a 35 años de cárcel y tiene una orden de captura vigente por los delitos de secuestro, homicidio y asociación criminal.

Las autoridades paraguayas lo acusan de asesorar al brazo armado del Partido Patria Libre en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, quien tres meses después y tras negarse su familia a pagar rescate apareció calcinada y enterrada en una fosa.

Tras su detención en el aeropuerto de México, por razones de afinidad el gobierno de esa nación prefirió deportarlo en lugar de capturarlo y entregarlo.

Si bien en Colombia el exjefe guerrillero tiene la inmunidad que le otorga la JEP como parte del acuerdo que se suponía era el vehículo para terminar el conflicto armado, ese beneficio no le aplica para el resto del mundo, donde aún lo persiguen por sus crímenes.

Terminado el suceso y luego del regreso de Granda a Colombia, quienes ahora se llaman Partido de los Comunes deben reconocer que en esa circular roja nada tuvo que ver el gobierno colombiano sino el cumplimiento de la ley que obliga a Interpol a buscar quienes son reos de delitos como terrorismo, secuestro y crímenes atroces.