Desfalco sin pudor

Más que un delito, el caso de la docente Aída Polonia Bonilla, quien siguió enseñando en un colegio de Dagua durante cuatro años después de muerta, que fue jubilada y a la cual le apareció un compañero sentimental para reclamar su pensión como viudo, es insultante para los colombianos.
 
Sin embargo, no es un incidente aislado ni el modus operandi es nuevo en el Valle.
La denuncia que en la edición del domingo realizó la Unidad Investigativa de El País, muestra que la podredumbre detectada desde hace por lo menos dos décadas en los sistemas de nómina y pensiones de jubilación del departamento no se ha podido detener.

Durante años se ha usado a docentes, vigilantes o funcionarios administrativos fallecidos para realizar los desfalcos, como sucedió con Aída Polonia.

Tan grave es el asunto que desde hace diez años se habla de la existencia de un cartel de liquidación de pensiones en la Gobernación, se han interpuesto demandas que no prosperan y cuando se le ha metido la mano al problema se han recibido amenazas y se han cometido crímenes.

Lo que se confirma es que nada ha servido para acabar con ese nido tapado de corrupción que afecta al Valle, el departamento con la más alta carga del sistema pensional y que por ello mantiene amenazadas sus finanzas.