Desafío inaceptable

Que los indígenas reclamen sus derechos y exijan el cumplimiento de las promesas hechas por el Estado, es entendible.Pero que algunos recurran a la violencia para apropiarse de tierras adquiridas con títulos reconocidos por la Constitución es un acto de vandalismo cometido por delincuentes.Esa es la grave situación que se presenta desde hace meses en Corinto, norte del Cauca, donde un grupo actuando a nombre de las comunidades indígenas ha invadido de forma violenta y reiterada la finca García Arriba, y otras más a su alrededor.Por cuarta vez este año entraron a los terrenos, destruyeron los cultivos y no contentos con provocar esos daños incendiaron la casa del mayordomo, agredieron a su esposa y quemaron varios vehículos. Mientras eso sucedía, otras dos fincas, propiedad de ingenios azucareros asentados en la zona, eran atacadas y sus cultivos destruidos.Frente a esos atropellos que se repiten con frecuencia desde el año pasado, el Estado está obligado a actuar y tomar las decisiones necesarias para identificar a sus promotores y judicializarlos.Son actos violentos que nada tienen qué ver con las reivindicaciones del movimiento indígena. Y constituyen delitos contra la propiedad privada, además de significar un inaceptable desafío al orden jurídico que rige en Colombia.