Contra la transparencia

La corrupción que medraba por las diferentes instancias del Ejecutivo, se había enquistado en el Poder Judicial y amenazaba la estabilidad del Estado fue la razón para que en el año 2007 Guatemala le pidiera ayuda a la ONU para enfrentar el problema.

De ahí nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, Cicig, que fue expulsada por el presidente Jimmy Morales, luego de decretar la terminación unilateral del convenio y ordenar la salida del país de todos los funcionarios que la integraban.

Es el colofón a una pelea que comenzó meses atrás cuando la Cicig inició una investigación contra el mandatario, algunos de sus familiares y funcionarios de su gobierno por corrupción electoral.

La guerra declarada desde entonces por Morales lo llevó a sacar del país al director de la Comisión, el colombiano Iván Velasquez; a revocar la visa de trabajo a sus investigadores, impedir hace dos días el ingreso de uno de ellos y anular el mandato entregado a la Cicig.

Una decisión del Gobierno que si bien es autónoma incumple el compromiso adquirido por su país al solicitar y aceptar que un organismo externo hiciera el escrutinio de su corrupción, un mal que aún persiste.

Y de paso desconoce el trabajo realizado por la Comisión en estos once años, con el acompañamiento decidido de la Fiscalía y la Corte Constitucional, que llevó ante la Justicia a tres expresidentes, una vicepresidenta, varios alcaldes, unos 300 funcionarios públicos y otros tantos del sector privado.
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