Contra el progreso

Con el fallo de tutela que obliga a suspender la declaración de operación regular del MÍO y a frenar la segunda fase del Sistema de Transporte Masivo, se está obligando a Cali a dar un retroceso de 10 años.No se trata de una acción contra una empresa cualquiera, sino contra un sistema creado para beneficiar a la ciudad y a todos los caleños, sin distinción alguna.Por eso, con el fallo lo que se hace es imponer los derechos de un particular -el pequeño transportador que sintió vulneradas sus posibilidades de trabajo-, por sobre los derechos de toda una comunidad.Si bien es entendible que se quieran proteger los derechos patrimoniales del demandante, el sistema masivo estableció acciones como la chatarrización para ayudar a los transportadores que quedaron por fuera.Por eso, lo que ha hecho el juez no se compadece con la esencia de un sistema jurídico como el colombiano, basado en el Estado Social de Derecho, que defiende el interés colectivo por sobre el particular.