¿A quién favorece?

Luego de meses de protestas ciudadanas, de la represión violenta del régimen de Daniel Ortega, de al menos 300 muertos y centenares de presos políticos, la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, parecía ser la salida a la crisis en ese país.

Sin embargo, más que el “camino hacia la reconciliación”, como proclamó el presidente de ese parlamento, la ley ha desatado polémicas porque se ha aprovechado para favorecer a policías y militares acusados de cometer crímenes y actuar con violencia durante las protestas.

La oposición también la desestima porque considera que quienes fueron encarcelados no cometieron delito alguno si no que ejercieron su derecho a manifestarse en contra de un régimen corrupto y dictatorial, por lo cual exigen su liberación sin condiciones.

Lo bueno, en medio de esa polémica, es que ya 56 presos políticos salieron de las cárceles, entre ellos los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell Sánchez.

Su liberación se dio horas antes de que los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, llegaran a Nicaragua para reunirse con representantes de los medios de comunicación, analizar la situación por la que atraviesa la libertad de información y expresión en ese país, y ver los alcances de la ley de amnistía.

Sobre esa medida, más lo que pase en la Nación centroamericana y los pasos que dé el régimen de Daniel Ortega, deberán estar vigilantes la comunidad internacional y las organizaciones que defienden la democracia y la libertad.
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