La amenaza de los drones

Lo ocurrido el pasado 16 de septiembre en El Carmelo, Candelaria, no puede convertirse en una noticia más que se pierde entre las urgencias del país. Un ataque con drones cargados con explosivos alcanzó el radar 3D de la Aeronáutica Civil y puso en riesgo a una comunidad que vive a pocos metros de esta infraestructura. Hoy, mientras los habitantes intentan recuperar la normalidad, permanece una pregunta que las autoridades deben responder con acciones concretas: ¿qué se está haciendo para evitar que vuelva a ocurrir?

La preocupación de los habitantes no es una exageración. Cerca del radar hay unas 20 viviendas y algunas familias están ubicadas a una cuadra o incluso frente a la infraestructura. Una de las habitantes relató que estaba a punto de salir con su hija hacia el colegio cuando ocurrió la explosión. Después del ataque, el miedo quedó instalado en una comunidad que hasta entonces describía su territorio como tranquilo.

El radar, además, no es una infraestructura cualquiera. Fue presentado en 2025 como el primer radar 3D de uso civil instalado en Colombia, con una inversión superior a los $41.400 millones. Tiene un alcance de 256 millas náuticas y cumple funciones de vigilancia del espacio aéreo del Suroccidente, además de prestar servicios relacionados con las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Protegerlo, por tanto, no significa únicamente proteger una estructura: significa proteger una herramienta estratégica y, sobre todo, a las personas que viven a su alrededor.

Las autoridades anunciaron después del ataque patrullajes, puestos de control móviles, sobrevuelos, el traslado de unidades de operaciones especiales y una recompensa de hasta $50 millones por información que permita encontrar a los responsables. Son medidas necesarias, pero el episodio exige ir más allá de las respuestas inmediatas. La seguridad de una infraestructura de esta importancia y de una comunidad que quedó expuesta requiere recursos permanentes, tecnología, inteligencia y capacidad de prevención.

Por eso, el llamado debe ser claro: se necesita destinar presupuesto de manera urgente para reforzar la seguridad de este punto y de las comunidades que lo rodean. No después de un nuevo ataque. No después de una tragedia. No cuando haya que lamentar víctimas. El Estado debe anticiparse al riesgo y disponer los recursos necesarios para impedir que los habitantes de El Carmelo vuelvan a vivir una situación semejante.

El hecho de que el radar continúe funcionando y que la actividad cotidiana haya regresado no puede confundirse con que el problema esté resuelto. En las calles, en las viviendas y en los pequeños negocios permanece el temor de que puedan volver a atacar. Una habitante lo expresó con sencillez: “Nos sentimos asustados, pues uno piensa que van a volver otra vez”. Esa frase debería bastar para entender que la normalidad que se observa en El Carmelo no significa que la tranquilidad haya regresado por completo.

También es necesario proteger esa normalidad. Que los niños continúen asistiendo a clases, que los comerciantes mantengan abiertos sus negocios y que las familias continúen con sus vidas es precisamente lo que debe defenderse. La comunidad no puede cargar sola con el costo emocional de un ataque contra una infraestructura estratégica. Tampoco puede acostumbrarse a convivir con la posibilidad de que una nueva explosión ocurra cerca de sus casas.

No pueden cobrarse más vidas para que las autoridades reaccionen. El ataque al radar dejó una advertencia que debe ser tomada en serio. La inversión en seguridad, vigilancia y protección de la infraestructura estratégica no puede verse como un gasto secundario. Es una obligación urgente. El Carmelo ya vivió el estruendo; ahora corresponde a las autoridades hacer todo lo que esté a su alcance, y destinar los recursos necesarios, para que la próxima noticia no tenga que contar una tragedia humana.