Visibilizar las desapariciones

En Colombia tiene que aparecer la desaparición. Pareciera un juego de palabras, pero la frase pronunciada por Luz Janeth Forero, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Ubpd, debe llamar a una profunda reflexión a todo el Estado. Es decir, al Gobierno y al Poder Judicial, pero también al conjunto de la sociedad.

Es que son más de cien mil personas involucradas en el conflicto armado de las que sus familias y conocidos nunca más han vuelto a saber nada: si fueron asesinadas, obligadas a huir, reclutadas por la fuerza o tantas otras posibilidades que pueden colarse en la imaginación de sus seres queridos en medio del desespero que la situación conlleva.

Y falta solo un poco de humanidad para entender que semejante drama no puede estar mediado por ideologías políticas o señalamientos a quienes han sido objeto del delito de desaparición forzada a lo largo de más de sesenta años de confrontación armada. Por el contrario, la búsqueda de estas personas tiene que ser un propósito de Nación, si se quiere que la colombiana logre ser una sociedad reconciliada.

Así lo han entendido algunos países, entre ellos varios de América Latina, como México, Guatemala, Salvador, Perú, Argentina y Chile, que a lo largo de su historia moderna también han sido golpeados por ese flagelo y que han andado y desandado el camino que debería terminar con una respuesta cierta y contundente para las miles y miles de familias buscadoras de sus seres queridos.

Ese es el propósito del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto a instancias de las Naciones Unidas, fecha que debería aprovecharse para compartir las experiencias y las metodologías que los distintos gobiernos y organizaciones de Derechos Humanos han implementado para avanzar en los procesos destinados a encontrar a estas personas.

Sobre todo debe permitir que, tal como lo recomendó en su Informe Final la Comisión de la Verdad, los colombianos tomemos conciencia de que esas más de cien mil personas de las que todavía no se conoce su paradero son una dolorosa expresión de lo que ha implicado la violencia para nuestro país y de las heridas que deben ser sanadas para poder avanzar como sociedad.

Las 28.815 solicitudes que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha recibido desde su creación hace cinco años, a instancias del Acuerdo de La Habana, deben ser entonces un reto no solamente para los firmantes de ese convenio, el Gobierno de turno o los angustiados familiares. Visibilizar cada caso debe ser un propósito de Estado que permita multiplicar por miles esa cifra de 929 cuerpos que han sido recuperados hasta ahora, bajo el precepto de que la vida y la dignidad de todos los seres humanos deben ser prioridad para el conjunto de la sociedad.

Y esa prioridad, así como el cese de la violencia y todas sus demás atroces consecuencias, debe estar por encima de los desacuerdos políticos o sociales que hoy padece Colombia.