Qué pasó en Yarumal

El otro gran desafío para la Colombia rural que tanto sufre por la violencia, es la minería ilegal. En ella se concentra el intento por apoderarse de las riquezas naturales, sin importar el daño que ocasionan sus autores y pasando por encima de la frágil capacidad de las instituciones para hacer prevalecer el Estado de Derecho en los territorios remotos en los cuales abundan las organizaciones criminales.

El vil asesinato de tres jóvenes profesionales en una mina de oro ubicada en Yarumal es una demostración de lo que está ocurriendo. En primer lugar, hay que hacer claridad sobre las versiones que han circulado acerca de las circunstancias en las cuales ocurrió el crimen, como por ejemplo si las Fuerzas Armadas estaban o no cerca al lugar donde ocurrió el hecho, o si se pidió o no su retiro, pese a que es una región en la que operan muchas organizaciones criminales.

También hay que saber si se presentó intimidación a la comunidad o a los trabajadores y si existían amenazas a la empresa internacional que tiene la concesión de la mina, a la que dos semanas antes le habían asesinado a un ingeniero en Yarumal, y por qué no se tomaron todas las precauciones necesarias.

Sobre el ataque a un grupo de trabajadores de Continental Gold en Ochalí se debe conocer toda la verdad para que el país sepa a qué atenerse. De lo único que hay precisión es que un grupo armado entró al campamento, sometió a los trabajadores y los fusiló por la espalda.
Según testimonios de quienes sobrevivieron, se habían presentado amenazas que no fueron atendidas, y el Ejército se demoró cuatro horas en llegar al lugar.

Aclarado lo anterior se tendrá certeza si lo que existió fue un acto contra una empresa extranjera para impedir que ejerza los derechos adquiridos con justo título, si es una notificación de la delincuencia contra la legalidad, o si fue una actuación para demostrar el poder y el control sobre la actividad minera. Todas esas hipótesis son sumamente graves, y aclararlas sirve para definir cuál debe ser la reacción del Estado.

Lo que sí es incuestionable es que en el norte antioqueño, como en el Pacífico y en muchas zonas del territorio nacional, ha aumentado la presencia de organizaciones sin vocación política que se lucran del crimen, llenando los vacíos que dejan las instituciones e imponiendo verdaderos regímenes del terror. Más que una guerra declarada a las multinacionales o a las empresas mineras que operan en la legalidad, lo que hay en esas zonas es una violencia para tener control territorial, que ha encontrado en la ausencia estatal la manera más expedita de ejercer el dominio e imponer su imperio mortal.

Desde esa perspectiva no cabe la menor duda de que la obligación de las autoridades es recuperar el control sobre regiones de gran riqueza que padecen la delincuencia en todas sus formas. No hay allí un conflicto político ni una rebelión sino el afán de lucro que enfrenta incluso a las bandas criminales y no tiene consideración humanitaria de ninguna clase. Por eso se producen asesinatos como los de Laura Alejandra Flórez, Henry Mauricio Martínez y Camilo Andrés Tirado.
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