Otra vez, el terrorismo

Un acto de terrorismo más, que explica porqué Colombia no puede cejar en su empeño de combatir el terrorismo y acabar con los reductos de violencia que aún azotan a la Nación.

Con la acostumbrada ferocidad inhumana con la cual ponen su sello, las Farc asesinaron ocho integrantes de la Policía Nacional y dos civiles en el departamento de Putumayo. Un acto de terrorismo más, que explica porqué Colombia no puede cejar en su empeño de combatir el terrorismo y acabar con los reductos de violencia que aún azotan a la Nación. Esta vez, el ataque se produjo contra una base de Carabineros ubicada junto al puente de San Miguel en la frontera con el Ecuador. Fueron frentes de las Farc encargados del narcotráfico con el cual se nutre esa organización los que dispararon cilindros de gas cargados de explosivos, dejando también cinco uniformados heridos y amenazando a la población ubicada en cercanías de la base. En su retirada, los criminales dejaron su tradicional siembra de minas con las cuales tratan de dificultar la persecución.Es otro hecho más de atentados en pequeña escala que en la última semana han dejado más de 30 muertos, casi todos integrantes de la Policía. Atentados que, como el realizado en El Doncello, departamento del Caquetá, usan la sorpresa y el ataque aleve, y rematan a sus víctimas con crueldad sin límites. Es como si quisieran dar a entender que su determinación sigue siendo destruir para atemorizar, como argumento central para que las Farc sean reconocidos como movimiento político.Por supuesto, lo que tal crueldad consigue es reafirmar dentro del pueblo colombiano la determinación de rechazar esos métodos y perseguirlos sin pausa. Y nada distinto puede esperarse de la comunidad internacional. Ya debe estar suficientemente claro que el terrorismo en Colombia y en cualquier parte del mundo no puede ser argumento válido para obligar a los pueblos y a los gobiernos a negociar sobre los muertos y la destrucción que dejan los que se convirtieron en profesionales de la destrucción. Pero el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública también tienen que reaccionar ante la escalada brutal que asesina soldados y policías en las carreteras. O contra la delincuencia que amenaza en las ciudades. Partiendo de la base de que nadie aceptará las invitaciones al diálogo mientras se sigue asesinando, también es necesario reclamar correctivos para evitar que los destacamentos que arriesgan sus vidas en la selva para defender a los colombianos, caigan en las trampas que tienden los criminales. Ellos deben saber que la seguridad no es un asunto de un gobierno en particular sino una política de Estado que no tiene marcha atrás.Aunque dolorosos y significativos para Colombia por lo que significa la muerte de decenas de servidores públicos en menos de una semana, los hechos cometidos por la guerrilla no pueden llevar a pensar en el fortalecimiento de esas organizaciones ni en el debilitamiento de la política de Seguridad Democrática. Quizás ese sea el efecto que pretenden las Farc, aprovechando la coyuntura que ofrece el cambio de gobierno. Contra ello, el país tiene que demostrar que la decisión de combattir el terror es la misma. Y que no cambiará un ápice, porque Colombia merece y reclama vivir en paz, sin la amenaza del terrorismo.