No es solo Caloto

Para completar el cuadro de lo que está sucediendo en el norte del Departamento del Cauca y el sur del Valle, la Defensoría del Pueblo emitió ayer una alerta temprana sobre el “inminente recrudecimiento de la violencia en Caloto”. Es la confirmación oficial de lo que los grupos criminales y el narcotráfico están haciendo para asegurar las siembras, los laboratorios de procesamiento y empaque y los corredores que necesitan para mover las drogas ilícitas que alimentan esa violencia.

Debe reconocerse en primer lugar que esa amenaza no es una estrategia oficial ni una conspiración de la Fuerza Pública, a la que en muchas ocasiones se pretende acusar de violadora de los derechos de los colombianos. Es ante todo el producto de la intención de explotar el narcotráfico, camuflándose en medio de las situaciones y conflictos que ocasionan las diferencias con las comunidades indígenas, de explotar sus reclamos y de usar sus territorios y las legislaciones especiales que los cobijan, para lograr la impunidad.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre lo que considera “el control que están ejerciendo las disidencias de las Farc en el área rural de Caloto”, donde “la Columna Dagoberto Ramos viene reteniendo y secuestrando a población indígena, campesina y a contratistas de empresas de servicios públicos que se desplazan por seis corregimientos de Caloto”. Y denuncia la posible llegada de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia a la región, lo cual desencadenará una confrontación con los ocupantes de hoy.

Es claro sin embargo que tanto el Ejército como muchas de las autoridades civiles hacen presencia permanente en la región, por lo cual no puede decirse que está bajo el dominio de uno de los tantos grupos criminales que se disputan el control de los negocios ilícitos. Pero sí debe reconocerse que esas agrupaciones cometen frecuentes abusos contra sus pobladores sin discriminar su origen racial y atacan con terrorismo, además de generar alianzas que les garantizan un cierto nivel de protección a sus fechorías.

Esa situación no es nueva y no es responsabilidad exclusiva de los soldados y policías que allí hacen presencia. Lo que ahora debe preocupar es cómo hacer para que el Estado en su conjunto actúe contra las organizaciones criminales que afectan una importante región, amenazando a Cali y sembrando la violencia en Jamundí, en el Pacífico y en Buenaventura. La pregunta es cómo hacer para recuperar la vigencia plena de las leyes y el Estado de Derecho en el norte del Cauca, el sur del Valle.

No hay duda sobre el drama humanitario y el peligro que se cierne sobre los 8707 integrantes de las comunidades establecidas en las veredas El Palo, El Vergel, El Pedregal, La Cuchilla, El Placer, Venadillo y a las comunidades indígenas Nasa de los Resguardos de Huellas, López Adentro y Toez”. Pero esa amenaza es contra las decenas de miles de personas que habitan una zona donde predominan la confusión y la falta de decisiones firmes de todo el Estado para combatir a quienes pretenden imponer el imperio del mal y el desconocimiento de la Constitución en toda la región.