¿Imposible cambiar?

Es ya verdad sabida que las instituciones del Estado necesitan cambios para adecuarlas a las necesidades y realidades del país. Sin embargo, quienes tienen esa facultad, los miembros del Congreso de la República, no encuentran la manera o carecen de la voluntad para hacer lo que es una obligación con la Nación.

El último ejemplo es el hundimiento de una reforma política que hacía trámite en la Cámara de Representantes. Reforma tímida, valga la verdad, que además de crear mecanismos extraños para garantizar la igualdad de género mediante lo que llamaron las listas cremallera donde se alternan mujeres y hombres, tenía como sorpresa la creación de doce nuevas curules en el Senado disque para mejorar la presencia de las regiones en el Legislativo.

En el fondo, lo que causó la muerte prematura de la enésima propuesta para cambiar la política y darle mayor sentido y responsabilidad frente a los electores, fueron las iniciativas para definir la financiación estatal exclusiva de las elecciones y aquella que establecía las listas cerradas.
Con ello, se le da entierro de pobre a lo que debe ser un intento necesario para darle seriedad a las organizaciones políticas y partidos como vehículos que canalizan la voluntad popular y asumen la responsabilidad por sus hechos.

Es claro que esas propuestas acaban con las empresas individuales que hoy manejan la política en Colombia, creando controles y límites que le ponen fin a la feria de financiaciones que desvirtúan la representación popular. Y fortalecen el papel de los partidos, la inmensa mayoría de los cuales son apenas oficinas que entregan avales pero son incapaces de establecer políticas de bancada que reflejen el pensamiento y la voluntad de sus representados, los ciudadanos que votan por ellos.

Pero no es extraño lo que ocurrió con la reforma política. Desde hace muchos años y muchos períodos legislativos, el país está pendiente de una reforma a la Justicia que resuelva los graves problemas que perjudican su funcionamiento y evite la participación de las Cortes en la elección de funcionarios como los choques entre ellas. Y que sea capaz de resolver el desorden que afectan la acción de tutela y permiten su uso con propósitos muy distintos a aquellos para los cuales fue creada.

Y así puede decirse de muchos temas que aguardan cambios para que el Estado pueda resolver los cuellos de botella que le impiden atender las necesidades de los colombianos. O que sean eficaces para detener la sangría de recursos que causa la corrupción, consecuencia directa del clientelismo que afecta el manejo de los asuntos públicos.

Todo ello redunda en el desgaste de la confianza en las instituciones y en el rechazo cada vez más notorio a las organizaciones y personas que deben canalizar la opinión de los ciudadanos y resolver sus problemas.
Por algo se presentan propuestas de referendo o de asambleas constituyentes para cambiarlas. Apelar a ellos demuestra además un mensaje para quienes desde las ramas del poder público están demostrando que es imposible realizar las reformas que revitalicen al Estado como reflejo de la voluntad nacional.