El derecho a la educación

La educación, en especial la de los niños, ha sido una de las grandes perjudicadas por la pandemia. Y entendiendo la necesidad de preservar la salud tanto de estudiantes como de maestros, profesores y personal administrativo, el retorno a las aulas es una necesidad que no puede seguir aplazada, para lo cual es imprescindible encontrar soluciones.

Es más que claro que la educación virtual es una posibilidad remota para millones de menores de edad que habitan en zonas donde no llega el internet o cuyos padres no tienen los recursos para pagar su instalación o para comprar los computadores o tabletas necesarias para ese propósito. Además, la asistencia a las escuelas y colegios es fundamental para asegurar la calidad de la educación impartida y para la formación de ciudadanos que en un futuro serán quienes se harán cargo de la sociedad a la cual pertenecen.

La experiencia lo está mostrando. Son muchas las alarmas sobre los resultados encontrados en las pruebas que se han realizado, reflejadas ante todo en la reducción del número de participantes en ellas y en los dudosos adelantos que muestran. De otra parte, basta preguntar a los padres de familia y a los educadores conscientes de su misión para conocer la realidad, las bondades y las aún enormes dificultades que presenta la educación a distancia en todas su formas pero, en especial, en la pública y la preuniversitaria.

Por eso, extraña la posición de quienes manejan la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, quienes representan el sindicato más poderoso y se oponen con términos como “inamovible” al regreso a las aulas. Sus afiliados, quienes están más cerca de los estudiantes y conocen el efecto que tiene la situación que atraviesa el servicio que ellos prestan, saben de la importancia que tiene para la formación de millones de niños y jóvenes y para sus familias.

Aunque es esperable esa posición de la dirigencia de Fecode, empeñada en usar su poder frente al Estado con intenciones partidistas que se conocen por su radicalismo, y su capacidad para movilizar a sus afiliados en huelgas y manifestaciones. No obstante, de lo que se trata es de asegurar el derecho a la educación de quienes necesitan del Estado para tener acceso a ella.

Son los padres de familia y los conocedores de las falencias que tiene la educación virtual y el grave problema que está ocasionando el confinamiento, quienes reclaman por el regreso de la educación presencial. No es pues un asunto de enfrentamientos políticos o ideológicos, ni una razón para extorsionar a la sociedad lo que mueve a pedirles a maestros y profesores que revisen su posición.

Por supuesto, el regreso debe tener en cuenta que existen muchos riesgos para la salud tanto de los alumnos como de todas las personas vinculadas a ese servicio fundamental para cualquier sociedad. Por ello hay que lograr un acuerdo que facilite el propósito y a la vez evite la propagación del covid con sus funestas consecuencias.

Se trata de proteger el bien común y la integridad de las personas y a la vez de evitar los riesgos para quienes hacen posible la educación en Colombia.