El daño está hecho

El próximo lunes 3 de febrero es la fecha pactada para reiniciar clases en la Universidad del Valle. Superado el cierre que duró casi tres meses, es el momento de revisar lo que está pasando con la universidad pública en Colombia así como el impacto que tienen en ella las prolongadas protestas.

Con los paros y manifestaciones adelantados en el país, las instituciones estatales de educación superior han resultado ser las más perjudicadas: los semestres se han aplazado o cancelado, se han perdido ingresos millonarios, se ha afectado por igual a estudiantes, profesores y trabajadores, y en general se ha puesto en riesgo su funcionamiento. Son situaciones que no pueden repetirse porque van en contra del interés nacional.

El ejemplo es la Universidad del Valle. Durante 75 días estuvo cerrada mientras se negociaba la reapertura con quienes promovieron la parálisis, tiempo en el cual 33.000 alumnos de pregrado y posgrado se quedaron sin clases y con el semestre a mitad de camino. Las pérdidas para el alma máter también fueron económicas y sus directivas las calculan entre $2000 y $4000 millones, mientras que los docentes contratados por hora cátedra dejaron de percibir ingresos porque no podían trabajar.

El resultado del paro es que ahora, en la práctica, se deberán hacer a la carrera tres semestres en un año para nivelar el retraso. Y se puede llegar a un peor escenario: que el tiempo no alcance y se deba cancelar definitivamente el último semestre programado para el 2020. En todo caso pierden los estudiantes, pierden los profesores y pierde la universidad.

Es tan grave lo sucedido, que luego del esfuerzo para conseguir del Gobierno Nacional una adición de $24.000 millones al presupuesto destinado para la educación superior en este año, ese dinero o incluso más es lo que se puede perder como consecuencia de la parálisis a la que se sometió la universidad pública en los meses recientes. Son los absurdos que dejan unas protestas de las cuales aún no están claros los objetivos, ni las razones, ni los resultados.

Hay que preguntar entonces cuáles son los derechos que deben primar, si los que tienen los universitarios a asistir de forma continua a clases, los de los docentes a ejercer su trabajo sin cortapisas, o los de unos cuantos manifestantes -que no representan a la mayoría de la comunidad estudiantil- de paralizar la universidad pública en Colombia. No es sensato que se reclame mayor financiación para la educación superior, más calidad y cobertura, y que todo ello se dilapide y la sociedad pierda por cuenta de los paros.

Ahora la carrera es contra el tiempo, para que se puedan culminar tres semestres en un año, lo cual suena casi imposible. Y además se tiene que seguir lidiando con la amenaza de nuevas parálisis, e incluso con la violencia y el vandalismo con las que muchas veces van acompañadas las manifestaciones. Es el abuso del derecho a la protesta, que afecta a cientos de miles de estudiantes, a miles de docentes que dependen de sus trabajos y que causa daños gravísimos a la educación pública en Colombia.