Desafío inaceptable

En la siempre cambiante actualidad de nuestro país, Tumaco se ha convertido en epicentro del narcotráfico y en el laboratorio donde se reproducen los conflictos originados en las siembras ilícitas y en la violencia que genera el narcotráfico. Es un nuevo desafío a la institucionalidad que debe ser enfrentado con todos los instrumentos que ofrece el estado de Derecho.

La situación ha sido conocida con amplitud gracias a los medios de comunicación. Desde hace más de una década, la ubicación estratégica del suroccidente de Nariño, la deficiente presencia del Estado como árbitro de la sociedad para anticiparse a los fenómenos de delincuencia y la llegada de organizaciones criminales de todo género, han llenado de zozobra la que fuera una región tranquila y pujante, donde primaba el respeto por los derechos de sus habitantes.

En la actualidad, el reto ha tomado otras características debido al incremento enorme en el área de cultivos ilícitos y al intento innegable por usar con propósitos políticos a quienes siembran la coca. De ahí que Tumaco sea a la vez el municipio con mayor área con ese cultivo y el epicentro de un conflicto social donde, según informaciones oficiales, se mezclan pequeños agricultores dispuestos a participar en los programas de sustitución voluntaria, miembros de las supuestas disidencias de las Farc y personas extrañas a la región que han plantado extensiones mayores, han despojado a las comunidades de sus tierras y desafían al orden legal.

De otra parte, el Gobierno está aplicando allí su política que combina la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la erradicación forzada contra las que considera plantaciones de carácter industrial y aquellas donde sus propietarios se resistan a eliminar la coca. Aunque se sabe que se han presentado demoras e incumplimientos en los ofrecimientos de las diferentes organizaciones oficiales, es claro que existe una línea que debe cumplirse.

Lo que existe en Tumaco puede calificarse como un desafío a las instituciones que debe ser contestado como corresponde. Más aún, cuando se ha producido el surgimiento de organizaciones calificadas como sociales que pretenden legalizar la siembra de coca, desconociendo que ese es el punto de partida del narcotráfico, el generador de la violencia en Colombia y el causante del crimen ecológico que ahora destruye la región Pacífico.

Las pruebas de ese desafío abundan, y entre ellas está la intención de algunas agrupaciones por aprovechar la situación con propósitos políticos. Son aquellas que han usado a los campesinos y a personas ajenas a la región para secuestrar policías o imponer ‘bloqueos humanitarios’ a las autoridades legítimas como el que desencadenó el incidente donde murieron siete personas.

Nada de eso puede ser ignorado y mucho menos tolerado. Por eso es bueno saber que se han tomado medidas para incrementar la presencia de la Fuerza Pública y aumentar la erradicación de cultivos ilegales, a la vez que se anuncian más inversiones para ayudar a resolver los conflictos en la región. Esas son las respuestas que deben darse a un desafío inaceptable.